En un nuevo escándalo de privilegios para la casta judicial, los jueces de Entre Ríos y sus familiares directos recibirán un 30% de descuento en seguros contratados con el Instituto Autárquico Provincial del Seguro (IAPSER). Este beneficio exclusivo llega en un contexto donde la provincia enfrenta serias dificultades económicas y los trabajadores estatales luchan contra la inflación y la precarización laboral.
Un subsidio encubierto para los ricos
Mientras miles de entrerrianos sufren aumentos en sus pólizas y deben pagar seguros a tarifas normales, los magistrados—quienes ya perciben sueldos de 10 millones de pesos mensuales—tendrán acceso a descuentos exclusivos que el ciudadano común ni siquiera puede imaginar.
Pero el escándalo no termina ahí. Mientras el IAPSER premia a jueces y familiares, el estado viene pagando por año el seguro de dos helicópteros, que fuera aprobado cuando Rosario Romero era ministra de Gobierno, por 500.000 dólares al año para asegurar dos helicópteros de la Policía de Entre Ríos, con un 400% de sobreprecio. Es decir, mientras a la Justicia se le conceden seguros baratos, además el Estado viene pagando cifras astronómicas por coberturas innecesariamente infladas, afectando aún más las ya golpeadas cuentas públicas.
IAPSER: la caja negra del poder en Entre Ríos
El Instituto del Seguro ha sido utilizado durante décadas como un mecanismo de financiamiento paralelo para los grupos de poder en la provincia. En lugar de garantizar tarifas equitativas y transparentes, prioriza acuerdos de reciprocidad con sectores privilegiados, dejando de lado a los ciudadanos que realmente necesitan respaldo.
Este nuevo convenio con la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos (AMFJER) es solo una muestra más de cómo se premia a quienes deberían garantizar la equidad y la justicia, pero que terminan siendo los primeros en recibir beneficios a costa de una provincia en crisis.
Entre Ríos no necesita más prebendas para jueces y sus familiares. Necesita transparencia, gestión responsable y un freno a los privilegios de la casta judicial.