José Ángel Allende, un histórico del peronismo entrerriano, amenaza con una fractura partidaria si no se garantizan internas justas.
Esto se presenta como un cambio dramático para alguien que ha disfrutado de asignaciones directas durante 25 años, sin necesidad de enfrentarse a la base del partido en elecciones internas. Durante su carrera, Allende no solo acumuló poder sino también un cúmulo de acusaciones, incluyendo manipulaciones en la asignación de contratos truchos y un manejo cuestionable del IOSPER, que han dejado la salud pública de la provincia en una situación crítica.
Fuentes cercanas al partido sugieren que su demanda de democracia interna podría ser una maniobra coordinada con intereses externos al peronismo, específicamente con el gobernador Rogelio Frigerio, quien se beneficiaría de un peronismo dividido en el momento previo a las elecciones. Este llamado a internas parece más una ironía, especialmente recordando que en 1999, Allende fue el candidato predilecto del aparato partidario y aún así fracasó en las urnas.
En paralelo a sus pretensiones políticas, la justicia sigue de cerca los pasos de Allende. Los expedientes que investigan su posible implicación en fraudes al Estado entrerriano y en la malversación de fondos de IOSPER continúan acumulándose. Con un juicio abreviado ya rechazado por insuficiente, las perspectivas de Allende podrían inclinarse más hacia una celda que hacia un escaño legislativo.
Además, su reciente coqueteo con una alianza junto a Héctor Maya, otro veterano de numerosas derrotas electorales, no hace más que reforzar la imagen de un binomio político destinado más al fracaso que al éxito. Antes de plantear la fractura del peronismo, Allende debería considerar una rendición de cuentas frente a los ciudadanos de Entre Ríos, quienes han sufrido las consecuencias de sus acciones durante décadas. Si las internas no llegan a materializarse, quizás sea la justicia quien decida su próximo papel, lejos de cualquier cargo público.