La Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos ha manifestado su rechazo a las reformas impulsadas por el Poder Ejecutivo en la estructura y funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Alegan que se trata de una intromisión en los procesos de selección de jueces, fiscales y defensores, y que las modificaciones propuestas vulneran principios constitucionales.
Sin embargo, detrás de esta reacción se esconde una evidente resistencia a la modernización y democratización de un sistema que ha estado históricamente cooptado por un grupo reducido de magistrados y funcionarios judiciales con fuerte peso corporativo.
- Un intento de mantener el statu quo
El principal argumento de la Asociación es que la reforma limitaría la autonomía del Poder Judicial al modificar la integración del Consejo y los criterios de selección de los magistrados. Pero lo que realmente está en juego es el control sobre el mecanismo de designación de jueces, un sistema que hasta ahora ha favorecido la autoperpetuación de una élite judicial que responde a intereses políticos y sectoriales.
Cabe recordar que el Consejo de la Magistratura tiene la función esencial de garantizar concursos transparentes, evitando la manipulación de ternas y el direccionamiento de nombramientos. Sin embargo, el modelo actual ha demostrado ser ineficaz, con más de 90 vacantes sin cubrir, procesos de selección paralizados por años y escasos mecanismos de control externo.
La negativa de la Asociación a cualquier reforma que afecte su capacidad de influir en la designación de jueces y fiscales evidencia que su verdadero interés no es la independencia judicial, sino la preservación de un esquema que les otorga un poder desproporcionado en el proceso de selección.
- Incompatibilidad con la función jurisdiccional
Un aspecto especialmente preocupante es que los magistrados firmantes del documento—Alejandro Cánepa, María Gabriela López Arango, Álvaro Piérola y Fabiola Bogado Ibarra—han tomado una postura activa y pública contra una iniciativa legislativa que podría ser objeto de futuras impugnaciones ante la justicia.
Esto plantea serias dudas sobre su imparcialidad y objetividad. Si el proyecto de ley es aprobado y posteriormente impugnado ante los tribunales, ¿cómo podrán estos jueces y fiscales garantizar un tratamiento imparcial del caso cuando ya han manifestado abiertamente su oposición a la norma?
La intervención de la Asociación en el debate legislativo sobre la reforma del Consejo de la Magistratura no solo es inusual, sino que compromete la credibilidad del Poder Judicial. Quienes hoy se erigen como defensores de la independencia judicial, en realidad, están actuando como un grupo de presión política que busca condicionar la labor de los otros poderes del Estado.
- La falta de autocrítica sobre el fracaso del sistema actual
Otro punto clave es que la Asociación reconoce la parálisis del sistema de concursos, con 97 vacantes sin cubrir, pero en lugar de proponer soluciones reales, insiste en mantener el mismo esquema que ha llevado al colapso del Consejo de la Magistratura.
Su propuesta de modificar la metodología del examen escrito y de reintroducir puntajes en los órdenes de mérito no resuelve el problema de fondo: la falta de transparencia y agilidad en los concursos. Además, se niegan a aceptar cambios en la composición del Consejo que permitan mayor pluralidad y representatividad de los distintos sectores de la sociedad.
La resistencia a cualquier reforma que afecte su capacidad de influencia demuestra que su verdadero interés no es mejorar el sistema, sino conservar su control sobre el mecanismo de designación de jueces y fiscales.
Conclusión: Un Poder Judicial que se resiste a los cambios
La reacción de la Asociación de Magistrados frente a la reforma del Consejo de la Magistratura confirma que una parte del Poder Judicial en Entre Ríos sigue aferrada a viejas estructuras que le permiten operar con un alto grado de discrecionalidad y sin un control efectivo.
Lejos de ser una defensa de la independencia judicial, esta oposición a la reforma es un intento de evitar que el Poder Ejecutivo y la Legislatura introduzcan cambios que garanticen mayor transparencia, representatividad y eficiencia en la selección de jueces y fiscales.
Si los magistrados que hoy critican la reforma quieren preservar su imparcialidad, deberían abstenerse de intervenir en debates legislativos y concentrarse en cumplir su función jurisdiccional con la objetividad que exige su rol. Su intromisión en el proceso legislativo pone en jaque su credibilidad y genera un serio conflicto de intereses que afecta la institucionalidad democrática de la provincia.