Luis Miguel, Juan Diego y Sebastián fueron convocados, junto con su madre Leonor Barbero, por el juez Federal, Leandro Ríos.
El juez Federal de Paraná, Leandro Ríos, citó a indagatoria a los tres hermanos varones Etchevehere y su madre en una causa surgida a raíz de una denuncia de la hermana, Dolores Etchevehere, por extorsión y violencia económica en el marco de la sucesión familiar, luego de la muerte de Luis Félix Etchevehere.
Luis Miguel, ex ministro de Agroindustria del gobierno de Cambiemos entre 2015 y 2019, fue citado para el 2 de junio a las 9.30 horas en el Juzgado de calle 25 de Mayo de la capital entrerriana. Arturo Sebastián, ex candidato a gobernador de La Libertad Avanza y actual funcionaria como titular de ANSES en Paraná, está citado a las 10.30. Juan Diego, ex delegado del Enacom en Entre Ríos durante el gobierno de Mauricio Macri, fue llamado para el 3 de junio a las 9.30. Y la madre de los tres y de Dolores, Leonor Barbero Marcial, debe presentarse el 3 a las 10.30.
La citación indica que deberán concurrir u ofrecer una causa debidamente justificada para no hacerlo, de lo contrario podrían ordenarse sus “inmediatas detenciones”.
La causa comenzó con la denuncia de Dolores contra sus hermanos y su madre la tomó originalmente el juez Federal, Daniel Rafecas, en Capital Federal. La investigación recayó en el fiscal federal Federico Delgado, quien en 2021 elevó un dictamen a Rafecas, quien con posterioridad transfirió el expediente a su colega de Paraná, Leandro Ríos, en el transcurso del mismo año.
El fiscal dio validez a las acusaciones de Dolores: sintetizando, que la forzaron a aceptar un acuerdo privado por la sucesión de su padre, Luis Félix, pero ese pacto no tiene validez legal y la sucesión continúa abierta y pendiente de otorgarle a Dolores la parte que le corresponde.
La spruebas presnetadas
La denunciante subrayó que la investigación judicial avanzó con pruebas clave: Dolores fue relevada del secreto bancario, lo que permitió a la Policía Federal elaborar un informe financiero. De acuerdo a ese documento, ella no recibió “ningún pago correspondiente a su parte legítima de la herencia”, pese a lo asegurado por los denunciados.
“Los hechos denunciados por Dolores Etchevehere encuentran encuadradas en las previsiones del artículo 168 del Código Penal, el cual prevé que ‘será reprimido con reclusión o prisión de cinco a diez años, el que con intimidación o simulando autoridad pública o falsa orden de la misma, obligue a otro a entregar, enviar, depositar o poner a su disposición o a la de un tercero, cosas, dinero o documentos que produzcan efectos jurídicos’”, dictaminó Delgado en 2021.
El fiscal constató que Dolores sufrió un “mecanismo de intimidación derivado del uso particular del sistema institucional para torcer su voluntad y que, en consecuencia, producto de la asfixia económica, suscribió un acuerdo privado de división de bienes independientemente de las previsiones del Código Civil y Comercial en materia sucesoria”.
como ejemplo citó Delgado, que un documento que cede la parte de Dolores en la empresa Las Margaritas S.A. a una constructora creada en 2014 carece de validez porque ella no se encontraba en Paraná en la fecha que figura en el documento oficial. La prueba la aportó la compañía telefónica Claro que rastreó la localización del celular de la supuesta firmante. “Refuerza la hipótesis de que se habría utilizado documentación apócrifa o simulada”, apuntaron desde el entorno de la denunciante.
La causa federal por extorsión y violencia económica avanza, simultáneamente en la Justicia de la provincia se lleva adelante el juicio oral contra Dolores por la usurpación del campo familiar en Santa Elena en 2020.