El reclamo fue protagonizado por organizaciones que trabajan en relación a las personas con discapacidad, familiares y prestadores de servicios, en tre otros.
La convocatoria se llevó a cabo en reclamo por los recortes que afectan al sector y en respuesta a un proceso de desfinanciamiento que, según destacaron, viene desde hace años, pero que se ha profundizado fuertemente en el último año bajo la gestión del actual gobierno nacional, encabezado por Javier Milei.
La movilización tuvo como eje central la exigencia de la declaración de la Emergencia Nacional en Discapacidad, un proyecto que será tratado la semana que viene en la Cámara de Diputados.
Uno de los puntos más cuestionados del reclamo tiene que ver con la falta de actualización de los aranceles establecidos en el Nomenclador de Prestaciones Básicas, el instrumento que regula las retribuciones que deben pagar obras sociales y prepagas a los prestadores del sector.
En la movilización se reclamo también sobre las demoras injustificadas en las auditorías y en la aprobación de pensiones, atribuidas a la falta de diálogo en la mesa del directorio del Sistema Nacional Único de Salud para Personas con Discapacidad, presidida por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Desde el Gobierno, la respuesta que se dio es que se debe a la revisión de irregularidades heredadas. El ministro Mario Lugones expresó que “el sistema de salud está en terapia intensiva debido a años de desmanejo y mala gestión”.
Los manifestantes que se convocaron y marcharon en Paraná señalaron que las consecuencias del ajuste de Milei, recaen sobre las personas más vulnerables, y que el derecho a la salud y a una vida digna para quienes tienen discapacidad no puede seguir aguardando más tiempo.
La jornada de protesta finalizó con un fuerte pedido a los legisladores para que aprueben la emergencia y brinden medidas urgentes que garanticen la continuidad y dignidad del sistema para la debida atención de las personas con discapacidad.