El Colegio de la Abogacía de Entre Ríos (CAER), repudió duramente las declaraciones del ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, al señalar que «profesionales del derecho, (en el marco de visitas a establecimientos penitenciarios) estarían involucrados en el ingreso ilícito de teléfonos celulares a personas privadas de libertad”.
El Instituto de Derecho Penal, Procesal Penal y Criminología del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos (CAER), manifestó publicamente su enérgico rechazo a las recientes declaraciones del Ministro de Seguridad y Justicia de la provincia, Néstor Roncaglia. De acuerdo a los dichos dell funcionario provincial, abogados que visitan establecimientos penitenciarios estarían involucrados en el ingreso ilícito de teléfonos celulares a personas privadas de libertad.
Para el CAER, estas afirmaciones carecen de sustento fáctico y pruebas concretas, por lo que las consideran “infundadas y temerarias”, además de afectar la imagen de la profesión y sembrar sospechas injustificadas sobre quienes cumplen un rol fundamental en el sistema judicial.
El Instituto recordó además que el Ministro, como funcionario público, tiene la obligación legal de realizar las denuncias pertinentes cuando detecta posibles delitos, en lugar de emitir declaraciones generalizadas en medios de comunicación o redes sociales que comprometan los principios básicos del Estado de Derecho.
Además señalaron que el acceso de los abogados a sus defendidos es una garantía constitucional que no puede ser vulnerada ni puesta en duda sin pruebas. Desde el CAER instaron a Roncaglia a reflexionar sobre sus afirmaciones y, con el mismo nivel de difusión, reafirmar el respeto hacia el trabajo de los profesionales del derecho, cuya función es clave para garantizar procesos penales justos y conforme a la Constitución.