En un fallo considerado histórico, la Justicia entrerriana dio luz verde a una acción de amparo ambiental presentada por un grupo de vecinos de Crespo, dictaminando que la Municipalidad de esa localidad debe suspender de inmediato el riego de calles con agua contaminada proveniente de los arroyos N50151/2, S30052 y Hondonada de la Cruz. Esta medida se toma tras comprobarse que los niveles de contaminación en dichos arroyos son alarmantemente altos.
Los vecinos, quienes iniciaron la demanda respaldados por la Dra. Juliana Colja, argumentaron en sus alegaciones que habían aportado evidencias consistentes en estudios previos sobre la calidad del agua. Asimismo, expresaron su frustración debido a que varios reclamos dirigidos al Intendente Cerutti durante los años 2024 y 2025 habían sido ignorados. Además, señalaron que en 2023, concejales del justicialismo solicitaron información sobre el riego de calles con agua contaminada, un pedido que también fue desatendido.
Una pericia que levantó alarmas
La demanda subrayó la precariedad del sistema cloacal del municipio, que provoca descargas sin tratamiento a los cursos de agua. Utilizar ese mismo líquido para el riego de calles de tierra significa exponer a la población a graves riesgos sanitarios. La ingeniera química encargada de realizar la pericia ambiental, a partir de análisis efectuados por la Secretaría de Ambiente de la Provincia, confirmó la alarmante contaminación presente en los arroyos. El informe concluyó que el riego con esta agua “representa un riesgo evidente para la salud pública”, afectando especialmente a los trabajadores involucrados en el proceso y a los sectores más vulnerables de la comunidad.
El fallo no solo obliga a la suspensión del riego, sino que también ordena a las cámaras legislativas de Entre Ríos –Diputados y Senado– que se les notifique sobre la necesidad urgente de implementar legislación específica que regule problemáticas ambientales como la presente. Este llamado a la acción destaca la omisión actual en la legislación provincial relacionada con la protección ambiental.
Los demandantes, un grupo diverso que incluye a María Florencia Abasto, Juan Pablo Brambilla, Jésica Frank, entre otros, lograron que se dictara una condena económica contra la Municipalidad. El juez Vergara estableció que los costos legales, que ascienden a 4.266.619,20 pesos, deben ser cubiertos por el municipio. En contraste, los abogados contratados por la Municipalidad no cobrarán honorarios según la normativa vigente.
Respuesta oficial del Municipio
En respuesta a este fallo, la Municipalidad de Crespo emitió un comunicado que detalla varios puntos sobre la situación. Aseguraron que la resolución judicial es un fallo parcial y de carácter preventivo, dictado bajo el principio precautorio mientras se acometen nuevos estudios técnicos. Según el municipio, los análisis efectuados representan solo una “fotografía” de un momento específico y la calidad del agua puede variar.
La declaración también enfatizó que ya se estaban llevando a cabo controles y muestreos en diferentes tramos del sistema de arroyos, alineándose con estándares de otras provincias, dada la falta de normativas específicas en Entre Ríos. Además, informaron sobre planes de mejora para el sistema cloacal y la sustitución de cañerías deterioradas en un esfuerzo por abordar las preocupaciones ambientales de manera proactiva.
Con este fallo, los vecinos de Crespo han logrado poner sobre la mesa un problema que ha sido ignorado durante años, resaltando la urgente necesidad de medidas que protejan la salud pública y el ambiente en la región. La justicia ambiental parece haber encontrado una voz en esta comunidad, lo que podría sentar un precedente en la búsqueda de un futuro más saludable y regulado.