Un jurado popular de Nogoyá encontró culpable a María Elena Irusta por su participación en el asesinato de la docente Beatriz Fernández, de 62 años, hecho sucedido en abril de 2024, en su vivienda de la Ruta 12, en la zona de Villa 3 de Febrero.
El juez técnico del caso, Javier Cadenas, vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay, resolvió que en los próximos días se defina el monto de la pena en la audiencia de cesura.
En la etapa de investigación, se concluyó que el crimen fue ejecutado por tres personas. Hugo del Luján Bonadeo, cónyuge de la víctima; Gustavo ‘Murdoc’ Quinodoz e Irusta. No obstante, sólo los dos primeros reconocieron su participación en un juicio abreviado llevado a cabo en agosto ante el juez de juicio de Gualeguay, Dante Tortul. Ambos aceptaron la pena de prisión perpetua.
Esta última sentencia -la de Irusta- fue tomada por los miembros del jurado tras una serie de testimonios clave, siendo uno de los más impactantes el de “Murdoc” Quinodoz.
El autor confeso del crimen explicó con detalles cómo fue contactado por Irusta para llevar a cabo la acción que finalmente resultó en el asesinato de Fernández.
En su testimonio, el acusado dejó en claro que lamentaba profundamente su involucramiento y, visiblemente afectado, afirmó: “Yo no nací para matar”. “El peor error de mi vida fue quitarle la vida a una persona”, acotó, según publicóel portal Del Éxodo Nogoyá.
Quinodoz señaló además que, aunque le habían ofrecido una importante suma de dinero por su acción, solo recibió una fracción del monto prometido, concretamente 50 mil pesos. Luego de su declaración, pidió justicia para Fernández y reiteró su deseo de que se conozca toda la verdad, un testimonio que sin duda fue determinante en el proceso.
El juicio, que se realizó esta semana, se caracterizó por la intensidad de los testimonios y la confrontación de versiones opuestas. Mientras Quinodoz precisaba la implicación de Irusta, la propia imputada amplió su declaración el jueves, rechazando algunas conclusiones de los peritajes psicológicos realizados sobre su persona y asegurando que no había estado involucrada en la planificación de lo ocurrido. En un breve careo con Quinodoz, la tensión en la sala fue palpable, pero no se llegaron a nuevos elementos que pudieran cambiar la dirección del caso.
El Ministerio Público Fiscal, representado por la fiscal Maite Burruchaga, defendió la tesis de que Irusta había sido la “jefa de la banda” y la principal organizadora del ahecho que terminó con la vida de la docente.
De acuerdo a la fiscal, la motivación detrás de este crimen fue de naturaleza económica, relacionada con las tensiones que existían debido a los compromisos que Bonadeo había asumido con Fernández. Para la fiscalía, la declaración de Quinodoz coincidió con el resto de las pruebas recabadas, lo que incrementó la acusación de que Irusta tenía la capacidad de liderar y planificar el hecho.
En contraposición, la defensa de Irusta, encabezada por el abogado Augusto Lafferriere, solicitó la absolución de la imputada. Según el letrado, no existieron pruebas suficientes que demuestren que Irusta haya sido la organizadora del crimen, remarcando que la autoría material fue asumida únicamente por Quinodoz. Y argumentó además que no se había demostrado la presencia de Irusta en el lugar de los hechos ni su participación directa en el acontecimiento.