El debate judicial comenzó este lunes a las 9 en los Tribunales de Paraná, de este modo el juicio por jurados determinará la responsabilidad penal de los policías Oscar Molina y Diego Ibalo por la muerte de Gabriel Gusmán, ocurrida el 25 de septiembre de 2018 en el barrio Capibá.
El proceso judicial está encabezado por el juez técnico Alejandro Grippo, del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, y cuenta además con la participación de jurados populares, quienes deberán emitir un veredicto luego de escuchar la evidencia presentada por las partes.
Gusmán tenía 19 años cuando recibió un disparo en la cabeza, por la espalda, en el marco de un conflicto con armas de fuego que involucró a vecinos del barrio y necesitó de la presencia policial. El hecho generó conmoción en la ciudad y abrió una investigación que derivó en la imputación de los dos efectivos policiales.
De acuerdo a la acusación impulsada por la querella autónoma, encabezada por el abogado José Iparraguirre, se trató de un caso de gatillo fácil, ya que los policías habrían actuado sin que existiera riesgo para sus vidas ni para terceros. Iparraguirre indicó, en declaracioens a los medios, que Molina fue quien efectuó el disparo mortal, mientras que Ibalo no impidió que su compañero descendiera del móvil y abriera fuego contra el joven, que ya había detenido su huida. Ambos enfrentan una acusación por homicidio agravado por alevosía y por la indefensión de la víctima, delito que prevé prisión perpetua.
A diferencia de la mayoría de los procesos de esta naturaleza, no interviene el Ministerio Público Fiscal, que desistió de acusar. Debido a esta decisión, la acción pública fue convertida en privada, quedando la querella como única impulsora del juicio.
Durante la audiencia de admisión de pruebas, las partes consensuaron la lista de testigos: serán cerca de 30, entre civiles, funcionarios policiales y peritos. Declarará además el jefe del cuerpo médico forense de Tribunales y el fiscal Gonzalo Badano, quien en su momento había dispuesto el archivo de la causa por falta de pruebas de cargo.
El tribunal dispuso la inspección judicial en el barrio Capibá, que será registrada con imágenes audiovisuales terrestres y aéreas mediante drones, con el fin de facilitar la comprensión de los jurados populares.
Mientras que la defensa de los policías, a cargo de Daniel Rosatelli y Miguel Cullen, señalan que sus asistidos actuaron conforme a las circunstancias y que el hecho se produjo en un contexto de enfrentamientos armados entre grupos del barrio. Según los defensores, los policías repelieron una agresión y lamentaron el desenlace fatal.
Con los acuerdos probatorios ya definidos, el juicio entra en su etapa oral a partir de este 11 de noviembre. En el debate, los ciudadanos seleccionados como jurados deberán valorar los testimonios y la evidencia para determinar si los policías Molina e Ibalo son responsables penalmente por la muerte de Gabriel Gusmán, en un caso que pone en la mira nuevamente, el debate sobre la violencia institucional y el uso de la fuerza policial en Entre Ríos.