A partir de una denuncia presentada por su propio tío, Carlos Humberto Cadoppi Frigerio, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, enfrenta una investigación que avanza hacia la declaración indagatoria de funcionarios provinciales y municipales. El caso, que gira en torno a la extracción de arena silícea para fracking en la zona sur de la provincia, pone bajo la lupa no solo decisiones de gestión, sino también las relaciones personales e institucionales del mandatario.
La demanda que desencadenó esta causa fue presentada por Carlos Humberto Cadoppi Frigerio, ingeniero agrónomo de la zona de Islas del Ibicuy, quien denunció desde hace años irregularidades en la explotación de areneras y plantas de lavado de arena silícea en los departamentos de Ibicuy y Gualeguaychú, en Entre Ríos.
La denuncia está centrada en la actividad de extracción de arenas que, según los denunciantes, carecería de los debidos permisos ambientales y operativos, lo cual derivó en la causa federal Nº 8044/2024 que investiga los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público, falsedad ideológica y omisión de control.
Aunque la denuncia la presenta Cadoppi, el vínculo con el gobernador Frigerio no es puramente circunstancial, el denunciado es tío del mandatario provincial —su madre era hermana del abuelo de Rogelio Frigerio— lo que añade un matiz político y personal al conflicto.
Indagatorias en curso
Según se informó a este medio, el Juzgado Federal de Gualeguaychú, a cargo del juez Hernán Viri, resolvió citar a declarar a cuatro funcionarios —un intendente y tres miembros del gabinete provincial— por su presunta responsabilidad en permitir o no controlar la actividad minera arenera.
Los citados son:
Ezequiel Maneiro (intendente de Ibicuy)
Rosa Hojman (secretaria de Ambiente de la provincia)
Ricardo Iturriza (secretario de Minería)
Guillermo Bernaudo (ministro de Desarrollo Productivo)
Esta fase marca un avance en la instrucción del expediente, al trascender la mera denuncia y entrar en el terreno de las obligaciones procesales formales de los requeridos.
¿Qué revela sobre Rogelio Frigerio?
Aunque el gobernador no está formalmente imputado en el expediente que se conoce hasta ahora, el conflicto abre interrogantes sobre su gestión, sus vínculos institucionales y personales, y el estilo de gobernar que ha exhibido.
Algunos puntos para analizar:
El estilo de confrontación interna
El hecho de que la denuncia provenga del propio entorno familiar del gobernador (su tío) introduce un elemento de tensión singular, no solo se trata de una acusación contra la administración provincial, sino de una disputa intrafamiliar que adquiere relevancia pública. Esto puede acentuar la percepción de que Frigerio actúa con firmeza ante su entorno o, alternativamente, que su círculo más cercano forma parte de un tablero más complejo de alianzas y antagonismos.
La promesa de transparencia y la realidad operativa
En varias declaraciones públicas, Frigerio ha enfatizado la necesidad de revisar contratos, garantizar la limpieza y transparencia de la gestión estatal, y priorizar el control institucional. Un ejemplo, es su anuncio de anular cerca de 770 contratos que considerar irregularidades en la Legislatura provincial.
La causa actual, sin embargo, se centra en justamente lo contrario: posibles fallas de control, omisiones y complicidad institucional. Esta contradicción —entre discurso y hechos en investigación— pone en tensión su capacidad de gestión y su compromiso efectivo con los principios que promueve.
El perfil político en riesgo
Al asumir la gobernación de Entre Ríos, Frigerio arrancó con promesas de cambio y renovación (“se revisará cada peso gastado”, según su juramento). Pero este proceso judicial podría convertirse en un factor de desgaste político: no solo por la eventual responsabilidad de funcionarios bajo su mando, sino porque impacta en la imagen de eficacia, integridad y control que él pretende proyectar.
¿Una causa ambiental con ramificaciones políticas?
La extracción de arena silícea para fracking es un tema complejo, involucra cuestiones ambientales, de infraestructura, de recursos naturales y de concesiones económicas. Que esta causa llegue a involucrar al gobierno provincial —aunque indirectamente por ahora— exhibe una encrucijada: ¿prioriza el gobierno el desarrollo económico (extracción, empleo, industria) o la preservación ambiental y la debida regulación? El caso condiciona la narrativa de Frigerio como gestor moderno frente al modelo tradicional de gestión.
Puntos claves del proceso
Denuncia presentada por Carlos Humberto Cadoppi Frigerio, a la que se suman inquietudes ambientales por las areneras en las Islas de Ibicuy.
Causa registrada como N° 8044/2024 ante el Juzgado Federal de Gualeguaychú.
Citación a indagatoria de cuatro funcionarios el pasado mes de octubre y noviembre de 2025.
La causa se inscribe en un contexto más amplio de control ambiental en la provincia, con el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos obligando al gobierno provincial a brindar información sobre la extracción de arena silícea.
Trascendió que las declaraciones testimoniales e indagatorias se prolongarán en próximas semanas.
Si la investigación logra establecer vínculos más directos entre la administración del gobernador y los hechos denunciados, podría abrirse una etapa de imputaciones superiores o responsabilidad política.
Independientemente del resultado judicial, el proceso ya afectaría la narrativa política de Frigerio y su gestión en Entre Ríos. Queda por ver si el gobierno actúa de modo más visible en materia de regulación ambiental, transparencia y control de recursos naturales, para atender la posible imagen debilitada.
El avance de esta causa, que coloca a funcionarios de la gestión de Rogelio Frigerio, una vez más, en el banquillo de las indagatorias, no solo se trata de un episodio judicial, es un espejo que refleja – y pone en tela de juicio – el estilo de su gestión, su promesa de renovación, y la forma en que enfrenta los desafíos de control institucional y desarrollo. Que la denuncia provenga de un pariente cercano añade complejidad al relato. En definitiva, esta etapa de indagatorias equivale a un termómetro del ambiente político provincial, con efectos que podrían ir más allá del enriquecimiento del expediente judicial.