Una mujer que había tomado un préstamo informal en Concordia, denunció haber sido amenazada con armas de fuego por parte de un grupo de hombres —presuntamente vinculados a una organización dedicada a créditos ilegales— que irrumpieron en su vivienda.
El episodio se registró el sábado a la mañana en la zona de Próspero Bovino y J.J. Valle y derivó en una investigación que incluyó allanamientos y el secuestro de dinero, documentación y dispositivos electrónicos.
Según información brindada por la Comisaría Cuarta, la víctima señaló que había adquirido un préstamo y se retrasó en los pagos por motivos personales. En ese contexto, varios hombres de nacionalidad colombiana llegaron hasta su casa y la amenazaron con armas de fuego para exigirle el cobro. Por temor, la mujer se encerró en su domicilio hasta que pudo radicar la denuncia.
La operatoria guarda similitud con el mecanismo que aplicaba una organización también liderada por hombres de nacionalidad colombiana que operaba en la zona de la ciudad de Victoria y que también fue allanada semanas atrás, según informó este medio.
A partir de las tareas investigativas, la policía analizó registros de cámaras de seguridad y pudo identificar tres vehículos de alta gama que habían concurrido al lugar, así como al presunto promotor de los préstamos y de las amenazas.
Munidos de estos elementos, se dispusieron dos allanamientos que permitieron identificar a dos hombres de nacionalidad colombiana y secuestrar más de dos millones de pesos, dos mil dólares, talonarios y libretas con registros de alrededor de 180 préstamos otorgados con intereses elevados y cobranzas diarias o semanales. Se incautaron además teléfonos celulares, talonarios nuevos y una netbook.
Las autoridades destacaron que las personas involucradas formarían parte de una organización que ya había sido investigada en noviembre de 2024, cuando se realizaron 10 allanamientos con resultados positivos, que incluyeron el secuestro de dinero en pesos, dólares, moneda uruguaya y sustancias como marihuana y éxtasis en un domicilio de San Juan y Rocamora.
La causa quedó en manos del agente fiscal Mario Figueroa, quien avanzará con la inventigación.