La causa «COIMAS», que tiene como principal implicado al exgobernador Sergio Urribarri, ya está remitida a juicio. No obstante, mientras se espera que se fije fecha de debate, hay defensas, como la de Carlos Haidar, que tratan de prolongar el proceso.
Así lo entiende el fiscal coordinador, Ignacio Aramberry, quien en la audiencia de este martes criticó con dureza la recusación presentada contra los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano por una supuesta pérdida de imparcialidad.
Aramberry aseguró que el planteo es “absurdo” y que solo busca “dilatar” el proceso penal que ya está para debate.
Los defensores del exdirector de Informática de la provincia, Carlos Haidar, los abogados Juan Méndez y Candelario Pérez, solicitaron apartar a los fiscales por una supuesta pérdida de la falta de objetividad o imparcialidad.
El planteo se basa en que Yedro y Badano celebraron un juicio abreviado con el exministro de Trabajo y expresidente del Tribunal de Cuentas, Guillermo Smaldone, que reconoció sus actos de corrupción. Pero además, están a punto de cerrar otro abreviado con el acusado Miguel Ángel Ulrich, exdirector general de Ajustes y Liquidaciones.
Los defensores dejaron en claro que esa intervención pone en crisis la imparcialidad de los fiscales. Méndez, en su exposición, fue tajante al aseverar que Haidar no reconoce los hechos que se dan como probados en los abreviados. Además peticionaron que se declare inconstitucional el artículo 35 de la Ley Orgánica del Ministerio Público de Entre Ríos.
Aramberry señala que la defensa parte de un “yerro manifiesto” al pretender cargar sobre el Ministerio Público Fiscal (MPF) una responsabilidad que su función como organismo responsable de sostener la acusación no le exige, que es el de “ser objetivo”. De este modo, sostuvo que la defensa extrapola “sin más” el deber que comprende a los magistrados y se lo carga a los fiscales.
Además mencionó que el pedido de apartamiento de los fiscales es “intempestivo por anticipado” porque sostiene que aquellos no podrían estar en el juicio plenario que se realizará con el resto de los imputados, después de que los funcionarios sostuvieron la acusación durante un año en las numerosas audiencias de remisión de la causa a juicio, donde ratificaron su hipótesis y dejaron formulado, como lo exige la norma, el pedido de pena que oportunamente realizarán.
El Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, integrado por Alejandro Grippo, Carolina Castagno y Rafael Cotorruelo, concluyó que en los próximos días dará a conocer su decisión.
Los hechos conocidos
Al exgobernador, Sergio Urribarri, se le atribuyó hacer negocios espurios en su calidad de ministro de Gobierno primero, y luego como gobernador de Entre Ríos, desde enero de 2007 hasta finalizar su mandato, con el empresario Diego Armando Cardona Herreros.
El paraguayo era accionista y presidente de la firma Relevamientos Catastrales SA, con quien lo unía una estrecha relación de amistad; se interesó en favorecer a esta última propiciando su contratación a fin de desarrollar e implementar software para la Administración Pública Provincial de Entre Ríos”.
De acuerdo a la acusación, en el presunto hecho habría participado, como vínculos con Cardona Herreros, los funcionarios Haidar, director de Informática; José Gervasio Laporte, secretario Legal y Técnico, fallecido; Luis Alfonso Erbes, subsecretario de Presupuesto y Finanzas de la Provincia; y Humberto Flores, secretario de Hacienda de la Provincia.
Además, a Urribarri y Haidar se les endilgó una “adenda” consistente en “la falsificación de las fechas en los actos administrativos mencionados permitió que la prórroga de ocho meses se compute a partir de diciembre de 2009, cuando en realidad la prórroga de la contratación se había comenzado a gestionar en enero 2010; logrando así la empresa y los funcionarios intervinientes percibir ganancias por meses que no implicaron contraprestación alguna”.