El tribunal de Paraná confirmó los procesamientos, embargos y prisiones preventivas en la denominada “Causa Celis”, una investigación por comercio de estupefacientes agravado. Además, ordenó profundizar una pesquisa paralela por presuntas filtraciones que habrían alertado a la organización antes de los allanamientos.
La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná rechazó los recursos de apelación presentados por las defensas de Daniel Andrés Celis y otros nueve imputados, y confirmó los procesamientos, las prisiones preventivas y los embargos dictados en el marco de una compleja causa por narcotráfico.
La resolución, firmada el 26 de diciembre de 2025 por los jueces Beatriz Aranguren y Mateo Busaniche, ratificó la imputación contra Daniel Andrés Celis como organizador del comercio de estupefacientes. En tanto, el resto de los acusados —entre ellos Teuco Román Celis, Pablo Maximiliano Ruiz Díaz y Walter Alfredo Ríos— quedaron confirmados como coautores del delito de comercio de estupefacientes doblemente agravado, tanto por la intervención organizada de tres o más personas como por el uso de menores de edad en la actividad ilícita.
El tribunal también avaló la continuidad de las prisiones preventivas, al considerar acreditada la gravedad de los hechos, la estructura de la organización y el riesgo concreto de entorpecimiento del proceso. En la misma línea, se mantuvieron los embargos por un monto de $7.020.000 para cada uno de los principales imputados.
Sospechas de filtraciones y “aviso previo”
Uno de los aspectos más sensibles de la resolución fue la confirmación de indicios sobre posibles filtraciones de información judicial. El Fiscal General José Ignacio Candioti advirtió formalmente sobre la difusión anticipada de datos vinculados a los allanamientos ordenados por el juez de instrucción Leandro Ríos, lo que habría permitido a la organización tomar recaudos antes de los operativos.
Ante esta situación, la Cámara consideró necesario avanzar en una investigación específica para determinar quiénes fueron los responsables de haber alertado a los imputados. Según surge del expediente, esta hipótesis se ve reforzada por escuchas telefónicas incorporadas como prueba, en las que uno de los acusados anticipa con precisión la cantidad y el momento de los allanamientos previstos.
Para los magistrados, estos elementos demuestran que la banda contaba con capacidad operativa y contactos suficientes para intentar frustrar la investigación judicial, argumento central para sostener el encierro preventivo de los involucrados.
Una estructura sostenida desde la cárcel
La causa se inició en mayo de 2024 y se apoyó en tareas de inteligencia que incluyeron el uso de drones, dispositivos de geolocalización y seguimientos encubiertos. A ello se sumaron informes financieros elaborados por la policía provincial, que revelaron movimientos de dinero incompatibles con las actividades declaradas por los imputados.
De acuerdo a esos informes, una cuenta de Mercado Pago vinculada a Daniel Andrés Celis registró acreditaciones superiores a los 72 millones de pesos en un año, pese a no contar con actividad laboral formal. En el mismo período, su hijo Teuco Román Celis movilizó más de 50 millones de pesos mediante plataformas virtuales.
Durante los allanamientos se secuestraron más de 1.300 gramos de marihuana, 235 gramos de cocaína, balanzas de precisión y máquinas contadoras de billetes. Las escuchas telefónicas incorporadas al expediente permitieron reconstruir el rol de liderazgo de Celis, quien, aun detenido, impartía órdenes, discutía precios de la droga y explicaba que su principal ganancia se obtenía a través del fraccionamiento y “lavado” de la sustancia.
Para los investigadores, la organización operaba con una lógica empresarial: un liderazgo central que coordinaba desde la cárcel, distribuidores en distintos puntos y un sistema de alertas internas que buscaba anticiparse a la intervención judicial. Un esquema que ahora, además del narcotráfico, quedó bajo la lupa por las posibles filtraciones que habrían comprometido la investigación.