La iniciativa del gobierno de Javier Milei para modificar la Ley de Glaciares genera alarma en científicos, ambientalistas y economistas: aflojar las protecciones a glaciares y áreas periglaciares podría poner en peligro el suministro de agua, la biodiversidad y la seguridad hídrica argentina, con costos ambientales y sociales de largo plazo.
Por Redacción Impacto de Noticias
La discusión sobre la reforma de la Ley de Glaciares en Argentina volvió al centro del debate nacional. El proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei propone cambios que, según especialistas, podrían debilitar la protección de los glaciares y las zonas periglaciares. Estas zonas son esenciales para el agua potable, la agricultura, la generación energética y el equilibrio climático local. Voces del campo científico advierten que la reforma podría significar un retroceso grave en materia de conservación ambiental y gestión responsable de recursos naturales.
Qué protege la Ley de Glaciares vigente
La Ley 26.639 de protección de glaciares y ambientes periglaciares fue sancionada en 2010 con el objetivo de:
Preservar los glaciares como reservas estratégicas de agua dulce.
Evitar que actividades humanas sin controles técnicos afecten estos cuerpos de hielo.
Obligar a estudios de impacto ambiental rigurosos antes de intervenir en zonas de montaña.
Establecer inventarios científicos y monitoreo constante.
Los glaciares y áreas periglaciares aportan agua en períodos secos, sostienen cuencas hídricas clave y regulan microclimas en regiones altoandinas.
Qué propone la reforma de Milei y por qué preocupa
La iniciativa oficial plantea:
Redefinir qué es un “glaciar” y qué es una zona “periglacial”, con criterios más flexibles.
Facilitar permisos para actividades extractivas (como minería y obras civiles) en áreas antes protegidas.
Reducir requisitos de evaluación ambiental.
Transferir competencias técnicas a organismos con menor independencia y capacidad técnica.
Debilitamiento de protecciones ambientales
Expertos señalan que estos cambios podrían:
Excluir áreas críticamente importantes del régimen de protección actual.
Permitir intervención humana sin evaluación ambiental adecuada.
Abrir la puerta a actividades económicas en zonas frágiles sin salvaguardas.
Estas modificaciones también podrían disuadir inversiones responsables, pues la inseguridad jurídica ambiental tiende a aumentar riesgos para industrias que requieren estabilidad normativa.
Impactos potenciales de la reforma en agua y clima
- Pérdida y degradación de recursos hídricos
Los glaciares actúan como reservorios naturales, liberando agua durante períodos secos. Su alteración puede:
Reducir disponibilidad de agua en ciudades y regiones rurales.
Afectar sistemas de riego agrícola.
Disminuir caudales de ríos en épocas críticas.
- Mayor vulnerabilidad al cambio climático
En un contexto de calentamiento global, el retroceso de glaciares es un fenómeno acelerado. Relajar normas de protección:
Aumenta el riesgo de degradación irreversible.
Compromete la resiliencia de cuencas hídricas.
Agrava la variabilidad climática local y regional.
- Riesgos para comunidades y ecosistemas
La gestión deficiente de zonas de montaña puede:
Generar conflictos socioambientales en regiones andinas.
Traer contaminación de suelos y fuentes de agua por falta de controles.
Afectar modos de vida tradicionales y economías locales.
Críticas técnicas de la comunidad científica
Instituciones científicas y expertos en recursos hídricos han señalado que:
Las nuevas definiciones no se basan en consensos técnicos sólidos.
Los estudios de impacto ambiental propuestos son insuficientes para entender efectos complejos.
La participación independiente y el monitoreo riguroso son reemplazados por mecanismos más débiles.
Esta crítica se apoya en décadas de análisis sobre la fragilidad de los sistemas glaciares y su importancia estratégica.
Comparación internacional y tendencias ambientales
En muchos países con glaciares —como Chile, Perú y Suiza— la tendencia en las últimas décadas ha sido fortalecer la protección, no debilitarla, frente a la evidencia de que la pérdida de hielo tiene impactos económicos y sociales significativos.
La reforma propuesta en Argentina contrasta con estas experiencias y genera preguntas sobre cómo el país está priorizando el uso sostenible de sus recursos naturales a largo plazo.
La reforma de la Ley de Glaciares en Argentina, tal como está planteada, representa un debate clave sobre desarrollo y conservación. Aunque sus promotores argumentan beneficios económicos, múltiples voces técnicas advierten que la pérdida de protecciones puede tener consecuencias duraderas para el agua, el clima y la estabilidad ecológica del país. El desafío para la sociedad y sus representantes es encontrar un equilibrio informado por evidencia científica, salvaguardando recursos estratégicos que no pueden ser reemplazados una vez degradados.