En una decisión que reabre el debate sobre la legalidad del proceso que llevó a la destitución de Cecilia Goyeneche, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos anuló la sanción impuesta por el Jurado de Enjuiciamiento en mayo de 2022. La resolución, que se produce en cumplimiento con un fallo previo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sostiene que el proceso de destitución estuvo viciado por “graves irregularidades constitucionales” que invalidan su validez.
La decisión del STJ entrerriano responde a una orden de la Corte Suprema, que había admitido el recurso extraordinario presentado por Goyeneche. Aunque el máximo tribunal no se pronunció sobre la culpabilidad o responsabilidad de la ex fiscal, sí cuestionó los procedimientos que se siguieron en su juicio. En particular, se señaló que hubo defectos en la integración del órgano juzgador y en la actuación del órgano acusador, lo que vulneró los derechos de defensa y el debido proceso.
Con la nulidad del fallo, el proceso de destitución debe retroceder a su etapa inicial, dejando sin efecto todas las decisiones tomadas desde la conformación del primer órgano juzgador. Esto implica que el procedimiento es considerado jurídicamente inválido, obligando a un nuevo análisis desde el principio.
Irregularidades en la integración del órgano juzgador
La Corte había expresado preocupación por la conformación del Jurado de Enjuiciamiento, señalando que los vicios en la integración del tribunal y en el tratamiento de las recusaciones habían afectado la equidad del juicio. Como resultado, el STJ tuvo que revisar el caso con una nueva composición. Los jueces que originalmente habían rechazado el recurso ya no podían participar del nuevo pronunciamiento, lo que llevó a la reconfiguración del tribunal.
El apartamiento del Ministerio Público Fiscal, un punto clave
Uno de los aspectos más controvertidos de la nulidad fue la decisión del Jurado de apartar al Ministerio Público Fiscal (MPF) como órgano acusador, sustituyéndolo por un fiscal ad hoc. La Corte consideró que no existía un vacío normativo que justificara esta medida y destacó que las leyes provinciales otorgan esa función al Procurador General. Este apartamiento fue calificado como “llamativo”, especialmente cuando se comparó con el trato que se dio a las recusaciones relacionadas con la imparcialidad de algunos jurados.
Contexto de la destitución: la causa Beckman
La destitución de Goyeneche estuvo vinculada a su actuación en la causa “Beckman Flavia y otros s/ Asociación ilícita”, en la que se investigaba al contador Pedro Opromolla, quien tenía vínculos con la ex fiscal. Goyeneche fue acusada de no excusarse de la causa, lo que según el Jurado podría haber comprometido la objetividad de la investigación. Sin embargo, la ex fiscal negó haber afectado la imparcialidad del proceso.
Un giro en el caso que reabre el debate sobre la independencia judicial
La nulidad declarada por el STJ no se refiere al fondo de las acusaciones contra Goyeneche, pero sí cuestiona los procedimientos que se utilizaron en su destitución. La resolución pone en evidencia la importancia de garantizar el respeto a las normas constitucionales en los procesos de enjuiciamiento, especialmente cuando se trata de figuras clave en la lucha contra la corrupción.
En declaraciones posteriores, Goyeneche expresó su satisfacción por la decisión y aseguró que este fallo representa una reafirmación de la independencia judicial. “Hace más de cuatro años que fui apartada de mi cargo, pero hoy, gracias a este fallo, puedo volver a ejercer mi función con la misma convicción”, dijo. Además, destacó que la medida tuvo un fuerte componente político, relacionado con las investigaciones de corrupción en las que ella estaba involucrada.
La ex fiscal agradeció el apoyo de sus colegas y de los procuradores generales de todo el país, quienes la respaldaron en todo momento. Según Goyeneche, la nulidad de la destitución es una señal de que “debemos defender las bases fundamentales de la República” y subrayó la importancia de seguir investigando los hechos de corrupción, independientemente de las presiones que puedan existir.
Un precedente clave para la justicia entrerriana
El fallo del STJ establece un precedente importante en cuanto a los procedimientos de enjuiciamiento y el respeto a los derechos fundamentales en la administración de justicia. Aunque la causa aún no ha llegado a su fin, la nulidad del proceso abre una nueva etapa en la que se espera un análisis más riguroso y conforme a las garantías constitucionales.