Según se informó a IMPACTO DE NOTICIAS, el pedido del ex vicegoberandor y actual intendente de Santa Elena “se basa en la arbitrariedad de sus sentencias y un cambio radical e injustificado en su postura judicial, lo que ha generado serias dudas sobre la coherencia y previsibilidad de sus decisiones”.
El pedido de juicio político que presentó Daniel Rossi, intendente de Santa Elena y exvicegobernador de Entre Ríos, contra la jueza Gisela Schumacher, integrante del Tribunal Superior de Justicia (STJ) de Entre Ríos, se fundamentó “en la arbitrariedad de sus sentencias y un cambio radical e injustificado en su postura judicial, lo que ha generado serias dudas sobre la coherencia y previsibilidad de sus decisiones”.
Los fundamentos
En su denuncia, Rossi argumentó que Schumacher, en dos fallos emitidos con seis meses de diferencia, modificó su criterio sin ofrecer una fundación sólida. En abril de 2024, la jueza rechazó un Recurso Extraordinario interpuesto por las defensas de Sergio Urribarri y otros imputados en la denominada Causa Compleja que investigó cinco hechos de corrupción que se dirimieron en un solo debate en 2022, “argumentando que no existían agravios suficientes para justificar la intervención de la Corte Suprema. No obstante, en octubre de 2024, en la misma causa, votó a favor de conceder el recurso, señalando que existían posibles violaciones al debido proceso que ameritaban una revisión” objetó el dirigente peronista.
Rossi formuló que aquel “viraje en su postura, sin nuevas razones que lo justifican, afecta gravemente los principios de seguridad jurídica y el debido proceso. Además, sostuvo que “este tipo de acciones en el poder judicial responden más a necesidades políticas que a una íntima convicción razonada, lo cual mina la confianza pública en la imparcialidad judicial”.
La denuncia se presentó ante la Honorable Cámara de Diputados de Entre Ríos y exige la apertura de un proceso de remoción de Schumacher, enfatizando la gravedad institucional de la situación. El pedido se basa en la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y en la jurisprudencia internacional que considera la arbitrariedad judicial como una violación de los derechos fundamentales.
Desde el entorno del denunciante, se precisó que “este caso pone nuevamente en foco la tensión entre la política y la justicia en la provincia, y Rossi, conocido por su larga trayectoria política, busca que se tome acción contra lo que considera un mal desempeño”. de la magistrada”.