En 2013, Domingo Daniel Rossi, entonces intendente de Santa Elena, pidió la intervención del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER), denunciando irregularidades en su gestión.
Según Rossi, la administración de Silvio Moreyra desviaba fondos destinados a la salud para construir una fortuna personal, incluyendo la adquisición de caballos registrados en el «Stud Book» y millonarias inversiones en distintos rubros. Estas denuncias fueron minimizadas en su momento y desestimadas como parte de una disputa política.
En 2016, un periodista de Santa Elena, representado por el abogado Carlos Guillermo Reggiardo, presentó un pedido de acceso a la información pública para investigar estas presuntas irregularidades. En primera instancia, la justicia otorgó un amparo que permitía acceder a los datos, pero el Tribunal Superior de Justicia de Entre Ríos, con votos de Claudia Mizawak y Juan Smaldone, revocó la decisión, manteniendo la opacidad sobre la gestión del IOSPER.
Con posterioridad en 2017, tras estas negativas judiciales, Rossi, junto a su abogado, presentó una denuncia penal en la que expuso un esquema aún más grave. Acompañó pruebas que apuntaban a una gerenciadora de la provincia de Santa Fe, señalada como la responsable de importantes desvíos de dinero desde el IOSPER. Sin embargo, esta denuncia tampoco prosperó. En 2022, el procurador general Jorge Amílcar Luciano García archivó la causa, justificando todas las contrataciones realizadas por la obra social, lo que generó fuertes críticas por parte de Rossi y otros sectores que consideraron la medida como una intención.
En diciembre de 2024, finalmente, el IOSPER se enfrentó a una crisis institucional y financiera insostenible. Su presidente, Fernando Cañete, presentó la renuncia, y el gobernador Rogelio Frigerio anunció la intervención de la entidad, poniendo fin a una década de denuncias y ocultismo.
Estos llegan una vez años después de las advertencias iniciales de Rossi, confirmando muchas de sus denuncias y dejando en evidencia cómo la institucionalidad del IOSPER fue medidas utilizadas para multas personales, afectando gravemente a los afiliados. Lo que en su momento fue desestimado como una disputa política, hoy se revela como un entramado de corrupción que perjudicó el sistema de salud pública de Entre Ríos.