La diputada provincial Liliana Salinas, oriunda de Concordia, afronta una sentencia judicial que incluye el embargo de su dieta como legisladora y el desalojo de la vivienda que ocupaba desde 2012.
Según información de fuentes, Salinas alquiló una vivienda sobre calle Laprida en Concordia en 2012, y habría acumulado una importante deuda por falta de pago del alquiler durante varios años. La particularidad del caso radica en que los propios garantes de la legisladora, Pablo Estarque y Oscar Escurra, fueron quienes dieron curso a la acción legal, ya que el propietario de la vivienda no podía desalojarla debido a que Salinas convivía en el domicilio con su hijo, menor de edad con discapacidad.
En el juicio, Salinas habría argumentado que no contaba con ingresos suficientes para saldar la deuda, razón por la cual continuó ocupando la vivienda. No obstante, luego de asumir como diputada provincial, la situación cambió, y los garantes accionaron para que se ejecutara el desalojo y el cobro de la deuda acumulada de varios años.
El juez Jorge Ignacio Ponce firmó la orden judicial con fecha del 8 de noviembre, estableciendo el embargo sobre las remuneraciones o dieta de Salinas. El fallo, en el expediente caratulado “Estarque Pablo / Escurra Oscar Javier y otras, desalojo y cobro de alquiler”, dispuso que el embargo se llevara a cabo una vez que los garantes ofrecieran una fianza a satisfacción del juzgado.
El caso generó fuerte repercusión en los medios no solo por la posición pública de la legisladora, sino además por las particularidades de su situación personal y familiar. Si bien el desalojo es una medida extrema, el fallo judicial revela años de conflicto, que afectó al propietario de la vivienda como asi también a los garantes.