Esta situación fue uno de los temas de la reunión que tuvo la Red de Organismos de Derechos Humanos de Entre Ríos (Rodher). Se pronunció contra el “proceso de desarticulación y vaciamiento” del Registro Único de la Verdad y se exigió la puesta en marcha efectiva del Comité de Prevención de la Tortura.
Este sábado 6 de julio se llevó a cabo en la ciudad de Concepción del Uruguay el Plenario de Organismos de Derechos Humanos y Organizaciones sociales nucleadas en la Rofher, donde se analizaron temas de la coyuntura nacional y provincial.
Se hicieron presentes integrantes de los organismos de las ciudades de Concordia, Paraná, Gualeguaychú, Gualeguay, Colón, Villaguay y Concepción del Uruguay.
Recibieron al intendente José Eduardo Lauritto, quien expresó su compromiso con las políticas de memoria, verdad y justicia e hizo hincapié en su voluntad de seguir apoyando las diversas acciones que desde la Rodher se lleven a cabo.
Durante el encuentro se abordó la situación de las causas judiciales sobre crímenes de lesa humanidad, con la presencia de la Fiscal Federal Josefina Minatta y el rol de las querellas de los organismos de derechos humanos en la reconstrucción judicial de la memoria.
También fue parte, el Diputado Provincial Yari Seyler quien conversó con los Comisionados del Comité Provincial de Prevención de la Tortura, Sofía Stamatti e Ignacio Journé, sobre la imperiosa necesidad de que las y los legisladores avancen en la puesta en marcha efectiva de ese organismo (que se conformó hace más de un año) y su ejecución presupuestaria.
Además pidieron que se integre la Comisión Bicameral de Derechos Humanos.
Y subrayaron que “este es un paso imprescindible para seguir consolidando la garantía de los derechos”, tal como viene reclamando RODHER desde tiempo atrás.
Se escuchó también la voz de las y los trabajadores del Registro Único de la Verdad, “que a 20 años de su creación, está sufriendo un proceso de desarticulación y vaciamiento”.
Ambos temas vienen siendo denunciados públicamente por parte de la Red ante diversas autoridades del gobierno provincial.
Se consensuó “el rechazo a las políticas de desguace del Estado Nacional, el avasallamiento y la política represiva sobre los derechos fundamentales, la pérdida de soberanía y el empobrecimiento acelerado de gran parte de nuestro pueblo”.