Tras varios meses de espera, y con el escándalo de la detención de Edgardo Kueider en medio de la espara, el Partido Justicialista (PJ) de Entre Ríos finalmente conformó su Tribunal de Disciplina.
El acto formal de asunción de sus integrantes -tres titulares y tres suplentes- se desarrolló este miércoles, terminando con una dermanda que se generaba contra la dirigencia del peronismo a nivel provincial.
Los elegidos para ocupar el tribunal son dirigentes que representan cada uno de los sectores del peronismo entrerriano. No obstante por ahora, no se dieron a conocer los nombres, se sabe que las principales cabezas del espacio pugnaron por colocar laderos cercanos, asegurándose de este modo un lugar en un órgano que puede tener en sus manos decisiones claves.
A partir de ahora, el Tribunal de Disciplina analizará las denuncias que existen contra afiliados. Lo de Edgardo Kueider -arrestado con más de 200 mil dólares en Paraguay, preso por contrabando e investigado por enriquecimiento y echado por el Consejo Provincial– parece haber quedado en la nada, sin embargo existen pedidos de sanciones contra otros dirigentes. Entre los que se encuentran Martín Müller, expresidente del CGE y excandidato en Gualeguay que saltó el cerco y ocupa un lugar en el gobierno de Javier Milei; y el exintendente de Concordia, Alfredo Francolini, designado director en la Caja de Jubilaciones por la gestión de Rogelio Frigerio.
La Carta Orgánica del partido
El capítulo 5 de la Carta Orgánica del PJ entrerriano establece los lineamientos principales del órgano, aclarando que su carácter es “permanente” y que sus miembros son electos por el Congreso Provincial. Sin embargo, en el cónclave que tuvo lugar en Paraná en 2024 se decidió avanzar en una conversación para elegir a los afiliados que serán parte del Tribunal, preferentemente abogados.
Según el reglamento del partido, el órgano debe “entender en los casos individuales o colectivos que se susciten por inconducta, indisciplina o violación de los principios y resoluciones de los organismos partidarios y que puedan significar la aplicación de sanciones para sus afiliados y adherentes”. Se deja en claro que los imputados tienen derecho a defensa y que los dictámenes deben ser analizados también en Congreso.