Diversos sectores sociales, políticos y judiciales de la ciudad de Victoria han manifestado su preocupación ante la falta de acompañamiento por parte de la diputada provincial María Laura Stratta a los reiterados reclamos vinculados a la política de género y el acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia.
«Ha brillado por su ausencia» —sostienen— en medio de una situación que ha trascendido las fronteras locales, siendo noticia en medios de alcance nacional, provincial y local. Lo señalan con dureza: las mismas leyes de paridad y equidad de género que le permitieron ser vicegobernadora y ocupar cargos de relevancia institucional, hoy no tienen correlato en su compromiso con la realidad de Victoria.
En la ciudad, el panorama es alarmante: las mujeres no cuentan con un juez penal asignado para las causas de violencia de género, y en muchos casos los expedientes son llevados adelante por jueces subrogantes del fuero civil o de familia, lo que vulnera la especialidad y celeridad que exige este tipo de procesos. A ello se suma un dato que ha sido objeto de múltiples críticas: la fiscal que debe intervenir es la esposa del juez penal, lo que genera una grave incompatibilidad funcional y ha sido señalado como un obstáculo más para acceder a una justicia imparcial y efectiva.
«La política de género en Victoria está en crisis, y lo que es más preocupante, sin respuesta institucional», afirman desde distintas organizaciones. Y agregan: “Stratta, que podría ser una aliada clave en la transformación de este escenario, prefiere el silencio”.