El gobierno provincial dio a conocer un comunicado donde desmintió las afirmaciones realizadas por dirigentes de Agmer en relación a la creación de una nueva Obra Social de Entre Ríos.
En primer lugar, desde la gestión provincial se confirmó que no habrá cambios en el régimen de afiliación y que se respeta la estructura actual, permitiendo la cobertura familiar. También calificaron como “falso” que baje la cobertura del 100% al 40% en enfermedades crónicas: “Está regida por normativas nacionales. No hay posibilidad legal de disminuir esos porcentajes”, destacaron.
Sobre el acceso a las farmacias, desde la Administración actual señalaron que “el convenio con el Colegio de Farmacéuticos de Entre Ríos se mantiene vigente, abarcando toda la red provincial” y que no habrá ningún “negocio con una red limitada” de comercios. Aprovecharon para aclarar que todas las delegaciones continúan operativas que se suma una plataforma digital para facilitar trámites, “no para reemplazar la atención presencial”.
El gobierno indicó además que se renovó el convenio con Federación Médica –Femer– asegurando de este modo “la libertad de elección entre miles de profesionales” y desmintiendo que cada afiliado esté restringido a un solo médico de cabecera. En cuando a derivaciones e internaciones, se destacó que se mantienen los convenios con todas las clínicas de la provincia y centros de alta complejidad fuera de territorio entrerriano.
En cuanto al tema de discapacidad y terapias, desde la casa de gobierno provincial, señalaron que la Ley Nacional al respecto “protege a todas las prestaciones” y por ende “no se modifica ni recorta nada”. Además se aseguró que la atención de alta complejidad fuera de Entre Ríos seguirá garantizada.
Finalizando, desde la administración que encabeza Rogelio Frigerio, remarcaron que el nuevo sistema “no modifica porcentajes de aportes ni introduce moneda extranjera en la financiación” y, en relación a acusaciones de conducción “a dedo”, precisaron que “el Directorio será paritario, con igual representación de trabajadores y del gobierno”, y que habrá “auditorías permanentes”.