A más de 23 años de la enigmática desaparición de la familia Gill, Entre Ríos se prepara para reavivar una de las investigaciones más conmovedoras de su historia reciente. El caso, que ha acumulado 18 cuerpos de expediente y ha trascendido fronteras nacionales e internacionales, recibe un nuevo avance con la llegada de Marcos Rodríguez Allende como abogado querellante.
La última vez que se vio a la familia Gill fue el 13 de enero de 2002 en Crucecita Séptima, departamento Nogoyá. La desaparición involucra a seis personas: Rubén José Gill, Norma Margarita Gallego y sus cuatro hijos menores: María Ofelia, José Osvaldo, Sofía Mercedes y Carlos Daniel, el más pequeño. Todos ellos residían en el establecimiento conocido como “La Candelaria”, propiedad de Alfonso Fernando Goette, quien falleció en un accidente de tránsito en 2016.
Rodríguez Allende ha expresado su compromiso: “Vamos a trabajar para tratar de obtener una respuesta para toda la familia Gallego-Gill y para toda la sociedad entrerriana”. Este enfoque renovado busca no solo esclarecer lo ocurrido, sino también restaurar la confianza de la comunidad en el sistema judicial, marcado por una serie de irregularidades desde el inicio de la investigación.
El contexto de la desaparición es trágico. La familia había asistido a un velorio en Viale y regresaba al campo donde trabajaban, siendo trasladados por una vecina, directora de una escuela. Esta fue la última vez que se les vio, lo que incrementa la relevancia del caso, considerado el primer episodio documentado en Entre Ríos donde un grupo familiar completo desaparece durante la democracia.
La madre de Margarita Gallego no pudo presentar la denuncia de desaparición hasta abril de 2002, lo que creó una “gran ventana temporal” de tres meses entre el último avistamiento de la familia y la primera respuesta judicial. Este retraso, significativo en cualquier investigación, fue exacerbado por la limitada comunicación de la época, ya que la familia, trabajando en el campo, carecía de teléfonos móviles y se dependía de un teléfono fijo en un campo vecino.
Desde el comienzo, la investigación estuvo plagada de dificultades. Se mantuvo bajo el rótulo de “averiguación de paradero” durante un tiempo excesivo, lo que obstaculizó la posibilidad de explorar otras líneas de investigación, como la privación ilegal de la libertad o el homicidio múltiple. El primer abogado querellante, Elvio Garzón, ahora juez de Garantías en Paraná, enfrentó múltiples obstáculos para constituirse como parte de la causa, llegando incluso al Superior Tribunal debido a la postura restrictiva del juez de entonces.
Las herramientas y pericias disponibles en 2002 eran considerablemente menos avanzadas comparadas con las actuales, lo que dificultó aún más el esclarecimiento de los hechos. Una investigación inicialmente prometedora llevada a cabo por una delegación de Paraná fue reemplazada sin explicación por funcionarios de la zona de Nogoyá o María Grande, lo que generó dudas sobre la gestión del caso.
Seis meses después de la desaparición se realizó el primer allanamiento, en un contexto donde el propietario del campo, Alfonso Goette, recibió a los investigadores de manera poco convencional, ofreciendo un asado y vino. La inusual hospitalidad se tornó en una señal perturbadora para una investigación que ya enfrentaba serios desafíos.
Por otro lado, el celular de Norma Margarita Gallego continuó activo por un tiempo; sin embargo, los registros de Interpol y otras entidades no arrojaron ninguna pista sobre el paradero de la familia. Los esfuerzos posteriores incluyeron innumerables allanamientos, excavaciones, estudios georradares y la utilización de buzos en tajamares y arroyos cercanos, pero todas las iniciativas resultaron en hallazgos negativos.
En la actualidad, el Ministerio de Seguridad de la Nación ha establecido una recompensa de 12 millones de pesos por cualquier información que pueda ayudar a determinar el paradero de la familia Gill. La magnitud de esta recompensa evidencia la importancia atribuida al caso por las autoridades, y el deseo de avanzar hacia una resolución que ofrezca algo de paz a los familiares y a la sociedad entrerriana.
Marcos Rodríguez Allende ha asumido este reto con un enfoque metodológico renovado, reconociendo la labor de Gustavo Acosta, exjuez de Garantía y Transición de Nogoyá, quien “se llevó la investigación al hombro” durante su tiempo en el cargo, a pesar de llegar muchos años después de la desaparición. “Quiero empezar de cero con el voluminoso expediente”, afirmó Rodríguez Allende, quien busca una colaboración activa con la policía de homicidios y la dirección de investigaciones, además de incorporar aportes técnicos forenses y antropológicos.
La esperanza es que este nuevo enfoque arroje algún tipo de novedad en el caso, que ha estado marcado por la tristeza y la incertidumbre durante tanto tiempo. Al enfatizar que el caso “trasciende el interés de la familia Gallego-Gill”, Rodríguez Allende subraya que “la sociedad entera se merece una respuesta”. Con este renovado esfuerzo, Entre Ríos se aferra a la posibilidad de desentrañar uno de los misterios más oscuros de su historia reciente.