Cinco de los ocho pliegos remitidos por Frigerio al Senado para designar jueces de Garantías recayeron en actuales fiscales que defendieron corporativamente a la ex procuradora adjunta Cecilia Goyeneche durante el Jury que la destituyó.
El Gobierno anunció hace unos días que el gobernador Rogelio Frigerio había remitió al Senado nueve pliegos para ocupar juzgados de Garantías en distintas ciudades de la provincia. En el ámbito tribunalicio, la decisión del Ejecutivo de no respetar en algunos casos el orden de mérito en las ternas generó revuelo.
Diferentes sectores criticaron la decisión del Ejecutivo. Si bien está el antecedente de Gustavo Bordet al elegir a la Cámara Civil, los sectores que cuestionaron a las actuales autoridades por la medida plantearon elementos fácticos y racionales para diferenciar una situación de otra.
En el caso de Bordet, argumentaron, se trataba de una administración saliente y derrotada que entraba en sus últimos estertores. Ahora se trata de una gestión que está dando sus primeros pasos, por lo que la ruptura del orden de mérito podría constituir un anticipo de lo que vendrá en los próximos años.
A este situación, le anexaron que cuando el ex gobernador tomó la decisión con la Cámara Civil muchos actores de Juntos por Entre Ríos, principalmente del PRO, se rasgaron las vestiduras. Y anticiparon que una situación así no se daría en un eventual gobierno de Frigerio. Hoy están ubicados en despachos oficiales, señalaron las voces críticas. Y se llamaron a silencio o directamente defendieron lo que ayer demonizaban.
La órbita de la ex procuradora
Otro dato que se destaca en las decisiones que tomó el Ejecutivo al seleccionar de entre las ternas a quiénes promovería como jueces de Garantía es la preeminencia de fiscales. Sobre este punto, las dos fuentes de primera línea que consultó esta Agencia tuvieron lecturas diferentes.
En un caso, observan un renacimiento de lo que denominaron la “Escudería Goyeneche”. Se trata de los fiscales que cerraron filas en torno a la Procuradora Adjunta cuando fue sometida al Jurado de Enjuiciamiento por mal desempeño de sus funciones. Cinco de los firmantes de una carta abierta que se publicó en aquel momento, hoy han sido promovidos para ser jueces de Garantías. Se trata de:
Mauricio Guerrero: propuesto para el Juzgado de Garantías Nº 1 de Concordia.
María Gabriela Seró: Juzgado de Garantías Nº 3 de Concordia.
Nadia Paola Benedetti: Juzgado de Transición y Garantías de Villaguay.
Jesús Penayo Amaya: Juzgado de Transición y Garantías de Colón.
Mariano Budasoff: Juzgado de Garantías Nº 7 de Paraná.
Seró, además, integró una lista que compitió por la conducción de la Asociación de la Magistratura cuya consigna fue “que no vuelva a pasar lo que pasó con Cecilia”.
Esta primera fuente, que transita hace años los pasillos de Tribunales, puso reparados a la transformación de fiscales, formateados profesionalmente para acusar, en jueces que deben mantenerse imparciales entre acusación y defensa. Estimó que, en el desarrollo de las audiencias, podrían generarse suspicacias en orden a la existencia de un guiño hacia sus antiguos compañeros de faena.
Evalúa que, por otro lado, podría tratarse de un gesto hacia el Procurador General Jorge Amilcar García. Y advirtió que este problema es menor en comparación con lo que vendría. En el horizonte, situó los concursos para designar 38 fiscales auxiliares en toda la provincia, 13 de ellos en Paraná. Y se tomó la cabeza al pensar qué podría pasar si, en vez de respetar el orden de mérito, se hace un ta-te-ti.
Pero en otro piso del Palacio de Justicia vieron la situación de otro modo. La fuente, con aquilatada trayectoria tribunalicia, entendió que se trata de una suerte de huida en masa del Ministerio Público Fiscal ya que “nadie quiere trabajar con Amilcar García”. Además, consideró que existe “temor” en ese ámbito de que Goyeneche sea repuesta en su cargo por la Corte Suprema de Justicia.
El pliego que nunca llegó
Las propuestas del Ejecutivo para los juzgados de Garantías que tomaron estado parlamentario el martes se completan con la actual jueza Susana Firpo (Garantías 3 de Paraná) y los fiscales Francisco Ledesma y Pablo Zoff. Ambos fueron parte de los 18 integrantes del MPF que no rubricaron el documento pro – Goyeneche, que reunió 102 firmas.
El primero arribó al cargo por concurso y no por el dedo de García. El segundo es “nacido y criado en Tribunales, no tiene escudería”, lo definió un operador judicial que lo conoce desde hace años.
Entre los 8 pliegos que llegaron a la comisión de Acuerdos que preside el peronista Juan Pablo Cosso (Villaguay) y las 9 designaciones que anunció el Gobierno hay una diferencia. Se trata de otro fiscal, Fernando René Martínez, a quien se había propuesto para el juzgado de Transición y Garantías de Nogoyá. Martínez no estaba primero en la lista de mérito. Había quedado tercero, detrás de Oscar Rossi y Facundo Barbosa.
Eso generó una fuerte polémica que traspasó las fronteras de la localidad de donde es oriunda la vicegobernadora Alicia Aluani.
El pliego de Martínez nunca llegó al Senado. No figuró en los asuntos entrados de la última sesión. Pero en la secretaría de Justicia, dependencia encargada de estos asuntos al menos en lo formal, desconocían hasta el mediodía de este jueves qué sucedió el martes.
Ese día, el secretario Martín Acevedo Miño había viajado a Gualeguaychú y no estaba notificado de que el pliego de Martínez no ingresaría al Senado. En la Cámara, en tanto, primero se barajó la posibilidad de darle ingreso, mandarlo a comisión y que duerma allí por tiempo indeterminado. Pero el documento ni siquiera tocó a la mesa de entradas.
Con el hecho consumado, en la secretaría de Justicia deslizaron que existía la posibilidad de que el pliego del juzgado de Nogoyá sea reevaluado. Pero con resultados inciertos.