Un video, un camión oficial y alimentos sociales descargados en un espacio vinculado a su entorno político. Emanuel Gainza quedó UNA VEZ MÁS en el centro de una investigación que expone algo más profundo que un posible desvío: una forma de ejercer poder donde las fronteras entre el Estado, las fundaciones amigas y los recursos públicos aparecen peligrosamente borradas.
El escándalo por el desvío de alimentos destinados a los sectores más vulnerables de Entre Ríos no solo puso bajo la lupa a una red operativa y logística. También colocó en el centro del debate público a un nombre propio: Emanuel Gainza. Secretario de Modernización, dirigente con proyección y figura clave del oficialismo provincial, hoy aparece vinculado —al menos políticamente— a una trama que incomoda y exige explicaciones urgentes.
La investigación judicial incorporó un elemento de alto impacto: un video que muestra a un camión identificado con el Ministerio de Desarrollo Humano descargando mercadería estatal en un local vinculado a la Fundación “Hacemos Argentina”, impulsada políticamente por Gainza. La escena es directa, sin disimulos y a plena luz del día. No hay clandestinidad. Hay rutina. Y eso, en política, es una señal de alarma.
Nadie afirma, por ahora, que Gainza haya cometido un delito. Pero tampoco se puede ignorar el contexto. Cuando alimentos destinados a combatir el hambre terminan en espacios ligados al entorno de un funcionario de primera línea, la discusión deja de ser técnica y se vuelve institucional. ¿Qué hacía allí esa mercadería? ¿Quién autorizó el traslado? ¿Bajo qué programa? ¿Con qué controles? Hasta ahora, las respuestas no llegaron.
El silencio del funcionario agrava el cuadro. En una provincia golpeada por la pobreza y la demanda social, callar frente a un hecho de esta gravedad no es una estrategia prudente: es una decisión política. Y las decisiones políticas también se juzgan.
El caso actual no aparece en el vacío. Gainza no es un actor marginal ni un recién llegado. A lo largo de su carrera pública, su nombre ya ha estado rodeado de cuestionamientos, polémicas y sospechas políticas, especialmente vinculadas al uso de estructuras paralelas, armado de fundaciones, manejo de programas y construcción de poder por fuera de los canales tradicionales del Estado. Siempre en el límite. Siempre en zonas grises. Siempre con explicaciones que llegan tarde o no llegan.
Nunca condenado, pero tampoco ajeno a la controversia. Nunca imputado, pero recurrentemente señalado. Esa acumulación de episodios no prueba delitos, pero sí construye un patrón que hoy vuelve a emerger con fuerza: la dificultad para separar lo público de lo propio, el Estado de lo partidario, la política social de la conveniencia política.
El lema de la fundación vinculada a este caso —“Somos lo que hacemos”— se vuelve, en este contexto, casi una ironía cruel. Porque lo que hoy se investiga no es solidaridad transparente ni militancia social genuina, sino la posible utilización de recursos del Estado a través de estructuras afines, sin trazabilidad clara ni controles visibles.
La pregunta de fondo no es solo judicial. Es democrática. ¿Qué modelo de gestión representa Emanuel Gainza? ¿Uno donde el Estado actúa con reglas claras y controles estrictos, o uno donde los vínculos políticos habilitan atajos, zonas liberadas y confusión deliberada?
La Justicia deberá avanzar y determinar si hubo delito. Pero la política no puede esconderse detrás de los tiempos judiciales. Gainza tiene la obligación institucional de explicar qué relación tiene —o no tiene— con los espacios donde apareció la mercadería desviada. No por la causa penal, sino por la salud del sistema democrático.
Porque cuando los alimentos de los pobres aparecen mezclados con fundaciones del poder, no solo se daña una política pública. Se erosiona la confianza social. Y eso, para cualquier dirigente que aspire a futuro, debería ser una mancha imposible de ignorar.