No fue un error, no fue un descuido y no fue una “desprolijidad administrativa”. Fue una operatoria aceitada para quedarse con alimentos destinados a los que menos tienen. Camiones oficiales, depósitos privados, fundaciones amigas y silencio institucional. El hambre convertido en botín.
Hay delitos que son punibles en el Código Penal y otros que deberían marcar para siempre a quienes los cometen. Desviar alimentos destinados a la asistencia social pertenece a esta última categoría. No es una viveza, no es una irregularidad técnica ni un problema de papeles: es una forma de violencia contra los sectores más vulnerables. En Entre Ríos, una investigación judicial empezó a ponerle nombre, logística y responsables a una trama que muestra hasta dónde puede llegar la degradación del poder cuando el control desaparece y la impunidad se naturaliza.
La causa impulsada por la Fiscalía a cargo de Juan Francisco Ramírez Montrul dejó al descubierto algo que muchos sospechaban y pocos se animaban a decir: la política social fue utilizada como un reservorio de mercadería para usos ajenos a su destino. Alimentos comprados con fondos públicos, destinados a paliar el hambre, terminaron almacenados en inmuebles particulares, descargados en locales vinculados al poder y administrados como si fueran propiedad privada.
Los allanamientos simultáneos no fueron casuales ni improvisados. Fueron la consecuencia de indicios claros, reiterados y sólidos. Tres inmuebles allanados, un cuarto ya bajo la lupa, y una cantidad significativa de mercadería secuestrada: leche en polvo, aceite, harina, fideos, arroz, yerba, azúcar, polenta, cacao. No productos de lujo. No excedentes. La base misma de la asistencia alimentaria. Lo indispensable para sobrevivir.
Los operativos ordenados por la Justicia, se realizaron en la ciudad de Paraná e involucraron a una propiedad ubicada en inmediaciones del numeral 2300 de calle Facundo; otro en la intersección de Virgen de Luján y Los Talas (esta propiedad estaría vinculada a Rosana Mabel Toso (concejal de Paraná e integra el bloque Juntos por Entre Ríos); y un tercero en Ceferino Namuncurá y Cortada 620.
Nada de esto ocurre por accidente. Para que un camión oficial salga, cargue mercadería del Ministerio de Desarrollo Humano, circule por la ciudad y descargue en lugares que no son comedores ni centros comunitarios, hace falta algo más que audacia. Hace falta una estructura. Hace falta coordinación. Hace falta la certeza de que nadie va a preguntar nada.
Los nombres que aparecen en el expediente —Gabriel Jeremías Duré, una persona de apellido Larrea, Plácido Jesús Ledesma, entre otros— son apenas la punta del iceberg. La Justicia determinará responsabilidades individuales, pero el problema es mucho más profundo: lo que está en juego es un sistema que funcionó con una tranquilidad escalofriante, como si desviar comida para los pobres fuera parte del paisaje cotidiano del poder.
El dato que terminó de romper cualquier intento de relativización es el video incorporado a la causa. Un camión identificado con el Ministerio de Desarrollo Humano descargando mercadería en un local vinculado a la Fundación “Hacemos Argentina”, a plena luz del día, sin ocultamientos ni apuros. La escena no transmite clandestinidad: transmite costumbre. Y eso es lo más grave.
La fundación está ligada políticamente al secretario de Modernización, EMANUEL GAINZA. Nadie está condenado de antemano, pero tampoco se puede fingir sorpresa. Cuando recursos públicos aparecen orbitando estructuras cercanas al oficialismo, la explicación no puede reducirse a un “no sabía” o a un “me usaron”. La política no se mide solo por lo que se firma, sino por lo que se permite.
El Ministerio de Desarrollo Humano, conducido por Verónica Berisso, no puede correrse del centro de la escena. Aunque la investigación no le adjudique por ahora responsabilidad penal directa, los hechos exponen un fracaso rotundo en los mecanismos de control. ¿Dónde estaba la trazabilidad? ¿Dónde estaban las auditorías? ¿Quién miraba para otro lado mientras la mercadería cambiaba de destino?
Pensar que todo esto pudo suceder sin algún tipo de cobertura política es, como mínimo, ingenuo. La magnitud del desvío y la reiteración de las maniobras indican fallas estructurales, no errores aislados. Y cuando fallan los controles en un área tan sensible, lo que queda al desnudo es la desidia o la complicidad.
Cada paquete secuestrado representa una ausencia concreta. Una familia que no recibió ayuda. Un plato que no llegó a una mesa. El daño no es simbólico: es real, cotidiano y cruel. En una provincia donde miles dependen de la asistencia estatal para comer, jugar con la comida es jugar con la dignidad humana.
Este escándalo no es solo judicial. Es político, ético e institucional. La Justicia tiene la obligación de avanzar sin mirar apellidos ni cargos. El Poder Ejecutivo debe dar explicaciones claras, no comunicados vacíos. Y la dirigencia en su conjunto debería sentir vergüenza.
Porque cuando el hambre se convierte en moneda de intercambio, la política deja de ser una herramienta de transformación y se transforma en una máquina de cinismo. No hay relato que tape esto. No hay excusa que alcance. Robar comida destinada a los pobres no es solo corrupción: es una de sus formas más miserables.