Una ordenanza vigente hasta diciembre de 2026 obliga al Municipio a diseñar un sistema de evacuación y a intervenir en las zonas más críticas. El desafío es estructural y demandará años de trabajo coordinado.
La muerte de Patricia Mena y su hija Chiara, arrastradas por la repentina crecida del arroyo Colorado durante el fuerte temporal del 19 de febrero, volvió a exponer una problemática que atraviesa a Paraná desde hace décadas: la vulnerabilidad de cientos de familias que habitan en condiciones precarias a la vera de los cursos de agua.
El drama no fue un hecho aislado. Cada episodio de lluvias intensas reactiva una alarma conocida en la capital entrerriana, donde los arroyos forman parte del paisaje urbano, pero también representan un riesgo latente cuando las precipitaciones superan lo habitual. La expansión de viviendas en márgenes inestables y barrancas erosionadas consolidó con el tiempo un escenario complejo que ninguna gestión logró revertir de fondo.
Una herramienta legal en marcha
A fines de noviembre de 2025, el Concejo Deliberante declaró la Emergencia Sanitaria, de Estabilidad y Socioambiental en la ciudad, medida promulgada el 12 de diciembre por la intendenta Rosario Romero. La normativa tiene vigencia por 12 meses —con posibilidad de prórroga— y faculta al Ejecutivo a acelerar decisiones administrativas para actuar en contextos críticos.
Entre otras atribuciones, la ordenanza permite reasignar partidas presupuestarias, gestionar financiamiento y contratar obras mediante mecanismos excepcionales. La intención es reducir riesgos estructurales, sanitarios y ambientales en las zonas más expuestas.
La primera intervención concreta bajo este marco se realizó sobre el propio arroyo Colorado, en la zona de la vecinal Mariano Moreno. Allí se ejecutó una obra de contención con un canal de hormigón de 175 metros de extensión para frenar la erosión y evitar desmoronamientos en una barranca donde varias viviendas estaban en situación comprometida desde hacía años.
Planes de evacuación y comité técnico
Uno de los puntos centrales de la emergencia es la elaboración de un plan preventivo y de contingencia para evacuar familias en caso de fenómenos climáticos extremos. Para ello se dispuso la creación de un Comité Técnico de Emergencia, coordinado por la Jefatura de Gabinete e integrado por profesionales de distintas áreas municipales.
El equipo tiene como misión relevar las zonas más comprometidas, establecer prioridades, diseñar estrategias a corto, mediano y largo plazo y definir protocolos de actuación ante alertas meteorológicas. También debe emitir informes técnicos que orienten decisiones inmediatas.
En paralelo, el Municipio avanza en la identificación de espacios que funcionen como centros de evacuación ante temporales extraordinarios. Entre los sitios previstos se encuentran dos Centros de Integración Comunitaria —uno en la zona este y otro en el oeste— y se evalúa sumar clubes e incluso otras instituciones que cuenten con infraestructura adecuada para alojar a vecinos afectados.
Mapa de riesgo y viviendas en alerta
El relevamiento territorial es otra de las tareas clave. La ciudad está atravesada por más de 15 cuencas y presenta casi una veintena de sectores catalogados en situación de alerta. Para clasificar la gravedad, el Comité implementó un sistema tipo “semáforo”: las viviendas en categoría roja son aquellas con peligro inminente de derrumbe ante lluvias intensas; en amarillo se ubican las que presentan riesgo, aunque no inmediato.
La magnitud del problema revela la complejidad de cualquier solución definitiva. Desde el Municipio reconocen que la relocalización de familias y las obras estructurales necesarias para sanear arroyos y consolidar barrancas requieren del acompañamiento de los gobiernos provincial y nacional.
El factor climático
En los fundamentos de la ordenanza se advierte que el contexto climático agrava la situación. La alternancia entre prolongados períodos de sequía y lluvias intensas modifica la estabilidad del suelo y potencia procesos de erosión y deslizamientos. Tras años marcados por el fenómeno de La Niña, el retorno de precipitaciones más abundantes incrementa la amenaza para el año hidrológico 2026.
Mientras el debate vuelve a instalarse tras la última tragedia, la emergencia declarada intenta transformarse en una herramienta concreta para anticiparse a nuevos episodios. El desafío no será inmediato ni sencillo: implica planificación sostenida, inversión y coordinación interinstitucional para evitar que el próximo temporal vuelva a convertirse en noticia trágica.