A poco de ponerse en marcha, la nueva Obra Social de Entre Ríos queda envuelta en una grave polémica institucional: un pedido de informes pone en duda la legalidad de la designación del síndico por el Gobierno y expone fallas estructurales en un organismo que prometía transparencia y control.
La flamante Obra Social de Entre Ríos (OSER), presentada por el Gobierno provincial como un giro modernizador tras la disolución del antiguo sistema, enfrenta sus primeras sombras antes de consolidarse. Un pedido formal de informes encendió alarmas sobre la legalidad de la designación de uno de sus síndicos fiscalizadores y dejó al descubierto posibles incumplimientos de la propia ley que dio origen al nuevo organismo.
El foco del cuestionamiento está puesto en la situación de Juan Carlos Paludi, designado como síndico fiscalizador por el Poder Ejecutivo. La solicitud plantea dudas concretas sobre si reúne los requisitos exigidos por la ley vigente, que establece de manera explícita que quienes ocupen ese cargo deben contar con título habilitante, matrícula profesional activa y una antigüedad mínima comprobable de diez años en la provincia. Hasta el momento, no existiría evidencia pública suficiente que respalde el cumplimiento de esas condiciones.
El planteo no es menor: la función del síndico es controlar, fiscalizar y garantizar la legalidad de los actos de la obra social. Si quien debe velar por el cumplimiento de la norma no cumple con los requisitos básicos, el problema deja de ser administrativo para convertirse en institucional. La OSER, creada bajo el discurso de mayor transparencia y control, aparece así atrapada en una contradicción de origen.
A las dudas sobre la idoneidad profesional se suma un posible régimen de incompatibilidades. La normativa provincial es clara respecto a la imposibilidad de acumular cargos en la administración pública con la percepción de beneficios jubilatorios, salvo excepciones puntuales. Sin embargo, la situación previsional del síndico designado abre interrogantes que el Gobierno aún no respondió de manera clara ni documentada.
También se cuestiona la eventual superposición de funciones con tareas docentes en el ámbito universitario, un aspecto regulado de forma estricta por la legislación provincial y que, de confirmarse, podría agravar el escenario de irregularidades. La falta de precisiones oficiales alimenta la sospecha de que la nueva OSER comenzó a funcionar sin los controles mínimos que exige la ley.
El pedido de informes advierte que, de confirmarse los incumplimientos, podrían corresponder no solo la nulidad de actos administrativos sino también la devolución de haberes percibidos de manera indebida y la intervención de los organismos de control. Todo esto ocurre mientras miles de afiliados esperan respuestas urgentes sobre prestaciones, medicamentos y cobertura, en un contexto de creciente incertidumbre sanitaria.
Lejos de despejar dudas, el silencio oficial profundiza la desconfianza. La OSER, que nació con la promesa de corregir los vicios del pasado, parece repetir prácticas que ponen en cuestión su legitimidad. La polémica deja una pregunta abierta: ¿puede una obra social garantizar derechos cuando su conducción comienza incumpliendo la ley que la creó?