El Foro por los Derechos de las Personas con Discapacidad convocó a un cese de actividades por 48 horas en el país que se replicará en Entre Ríos. Destacan que la falta de giros de fondos nacionales pone en riesgo la continuidad de centros terapéuticos y servicios de transporte en toda la provincia.
Luego de una jornada de protesta el pasado viernes 13, el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad anunció el escalamiento de las medidas de fuerza con un paro total de actividades para este miércoles 18 y jueves 19 de marzo.
La medida afectará la atención en centros de día, escuelas especiales, servicios de rehabilitación y transporte adaptado. El reclamo más destacado se centra en la “asfixia económica” que atraviesan las instituciones debido a las deudas acumuladas por el Gobierno Nacional, puntualmente a través de los programas PAMI e Incluir Salud, que presentan atrasos de varios meses en la liquidación de facturaciones.
El malestar no solo es institucional, sino que se traslada a los trabajadores que mantienen el sistema día a día. De acuerdo a los testimonios de profesionales del sector en la provincia, la situación es insostenible. “Algunos prestadores estamos en cese de actividades porque varios centros terapéuticos del país están cerrando debido a que no pueden sostenerse económicamente”, apuntó una trabajadora del área prestacional en Entre Ríos.
Esta falta de previsibilidad financiera impide el pago de salarios en término y el mantenimiento de la infraestructura básica. Desde el Foro indicaron que, hasta la fecha, el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, no ha brindado respuestas concretas ni un cronograma de pagos que alivie la incertidumbre de miles de familias y profesionales.
El comunicado de las organizaciones advierte que el incumplimiento del Estado impacta directamente en la calidad de vida de las personas con discapacidad, quienes ven interrumpidos sus tratamientos y apoyos fundamentales.
Sin una actualización arancelaria acorde a la inflación y sin la regularización de las deudas pendientes, el sector alerta que el cese de actividades podría extenderse, dejando a miles de usuarios sin la asistencia técnica y humana que requieren para su vida cotidiana.