El Centro de Medicina Nuclear y Molecular de Entre Ríos (CEMENER) se ha posicionado en el imaginario público como una joya de la medicina de alta complejidad, abarcando desde el tratamiento oncológico hasta la investigación científica.
La importancia de contar con una institución de tales características en la provincia es una cuestión que nadie se atreve a cuestionar. No obstante, el debate real que se impone trasciende la utilidad sanitaria y se centra en la naturaleza administrativa de la entidad: resulta fundamental analizar cómo se gestó, quiénes fueron sus artífices y por qué una infraestructura sostenida por el erario público opera bajo la figura de una fundación privada.
Detrás del prestigio de la obra se advierte una arquitectura política y jurídica cuidadosamente planificada. La génesis del CEMENER involucró la decisión política de Sergio Urribarri, la ingeniería legal diseñada por el abogado histórico del Estado provincial, Julio Rodríguez Signes, y el respaldo financiero que aportó Silvio Moreyra desde el IOSPER, la caja sanitaria más robusta de la provincia. Esta alianza dio vida a una fundación que administra un proyecto millonario, el cual, si bien depende del financiamiento estatal, goza de una ubicación cómoda y estratégica, lejos de la exposición y los controles rigurosos a los que está sujeto cualquier organismo público tradicional.
El papel de Rodríguez Signes en este proceso trasciende la mera asesoría jurídica. Ejerciendo como abogado del Estado desde 2008, su figura aparece como cofundadora del CEMENER junto a la Comisión Nacional de Energía Atómica y el IOSPER, hoy OSER. En un marco institucional convencional, el letrado del Estado debería actuar bajo un control político estricto, pero en Entre Ríos, la Fiscalía de Estado ha consolidado una inamovilidad que transforma a su titular en un arquitecto permanente de los grandes negocios públicos. Rodríguez Signes no solo defendió al Estado, sino que diseñó un esquema para que una porción del mismo quedara exenta de los controles ordinarios, el escrutinio del Tribunal de Cuentas y las rendiciones de cuentas políticas habituales, utilizando la figura de fundación para presentar al CEMENER como una institución moderna, pero jurídicamente blindada.
Por su parte, Silvio Moreyra fue pieza clave en el financiamiento inicial. El propio exfuncionario reconoció en su momento que la inversión del Centro de Medicina Nuclear provenía del IOSPER, detallando que la Provincia firmó el convenio con la CNEA y que él mismo fue designado representante gubernamental para supervisar el proyecto. La continuidad de Moreyra dentro del esquema es quizás el dato más revelador, especialmente cuando en 2015, mientras ejercía como intendente de Santa Elena, fue ratificado por Gustavo Bordet como representante del Gobierno en el CEMENER. Esta simultaneidad de funciones, combinada con la existencia de una conducción técnica y autoridades propias en el centro, plantea un interrogante insoslayable sobre la verdadera función de Moreyra: si no era técnica, su rol parece haber sido el de garantizar el control político de un circuito financiado con recursos públicos, asegurando el manejo ininterrumpido de una estructura de poder.
El análisis de los números: una caja que se hace pasar por fundación
La magnitud económica del CEMENER queda al desnudo al revisar el presupuesto proyectado para el año 2026. Según los datos oficiales, la institución estima ingresos corrientes por un total de 6.456.691.643 pesos. En contrapartida, los gastos corrientes ascienden a 5.423.456.704 pesos, desglosados en 2.428.915.866 pesos destinados a remuneraciones y 2.805.917.170 pesos para bienes y servicios. A esto se suman gastos de capital por 1.249.643.873 pesos, arrojando un resultado financiero negativo de 109.026.078 pesos.
La lectura política de estas cifras es contundente: se trata de una maquinaria que mueve más de seis mil millones de pesos, gestionando miles de millones en sueldos y equipamiento, para terminar reportando un resultado final marginal frente al volumen de recursos administrados. Mientras que cualquier emprendimiento privado de alta complejidad, con el mismo respaldo estatal y un mercado cautivo compuesto por PAMI, obras sociales y prepagas, podría generar ganancias considerables, aquí el Estado sostiene la infraestructura y financia el funcionamiento, mientras la fundación rinde cuentas mediante planillas generales que parecen insuficientes para la magnitud del negocio. Este es el núcleo del curro atómico: utilizar la ciencia como escudo y la salud como excusa, mientras la figura jurídica de fundación permite administrar fondos públicos sin el control estatal correspondiente.
La vigencia del modelo y el sistema de contrataciones
El esquema no se agotó con la creación del centro o con los aportes iniciales. Hoy, el financiamiento se mantiene a través de una modalidad más sofisticada: el Ministerio de Salud de la Provincia adquiere prestaciones a la Fundación CEMENER mediante convenios formales. Estas contrataciones, renovadas automáticamente y prorrogadas por años, garantizan un flujo constante de recursos públicos. La adenda firmada en 2025 ratifica este sistema, donde el Estado, en lugar de realizar un aporte directo visible, contrata servicios y fija valores por práctica, asegurando ingresos millonarios a una estructura que sigue operando como fundación, con niveles de fiscalización notablemente inferiores a los de un organismo estatal.
En última instancia, el planteo no busca atacar la medicina nuclear, sino auditar el modelo de gestión. Es imperativo revisar el acta constitutiva, los estatutos, el proceso de compra de equipamiento, los convenios, el rol de los funcionarios involucrados y cada peso que circula dentro de la entidad. Si es el Estado quien financia, es el Estado quien debe controlar; de lo contrario, lo que se presenta como modernización sanitaria no es más que una caja administrativa oculta bajo un guardapolvo blanco.