La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), presentará una acción judicial contra el Gobierno de la provincia por la forma en que se aplicó el último aumento salarial al sector docente, al incluir sumas bajo conceptos “en negro”, es decir, no remunerativos ni bonificables, algo que consideran inconstitucional.
La presentación judicial que presentarán, surge a partir de la última reunión paritaria del 3 de marzo, en la que el Ejecutivo propuso avances salariales con montos no remunerativos, lo que llevó al fracaso de las negociaciones. Luego el incremento fue oficializado por decreto, sin una nueva convocatoria al diálogo con los sindicatos durante 90 días, una situación que desde Agmer califican como “inusual”.
El secretario general de Agmer, Abel Antivero, señaló que la decisión de acudir a la Justicia se basa en argumentaciones del artículo 82 de la Constitución provincial, que exige que los incrementos salariales sean sujetos a aportes y contribuciones, es decir, remunerativos. El dirigente anticipó en declaraciones radiales que en los próximos días formalizarán la presentación judicial a través de sus asesores legales.
“Hemos definido ir a la Justicia, porque entendemos que ese aumento es inconstitucional, así que en estos días estaremos haciendo nuestra presentación por la vía judicial”, destacó el titular de Agmer.
La oferta rechazada por los gremios y que el Ejecutivo implementó por decreto incluyó una suma no remunerativa de 60.000 pesos para docentes a través de los Fondo Provincial de Incentivo Docente (Fopid) y de Conectividad; 30.000 pesos para jubilados; el 50% de suba de la Ayuda Escolar; y la garantía de un mínimo de 750.000 pesos.
Agmer espera además una amplia adhesión al paro docente convocado para este viernes en los 17 departamentos de la provincia, con una movilización que concluirá en una marcha de antorchas desde Plaza 1° de Mayo hacia Casa de Gobierno en Paraná.
Según Antivero, hay un fuerte malestar en las bases docentes, que escaló tras los descuentos por los días de paro y los errores en la liquidación de los pagos realizados.
La oferta salarial del Gobierno contempló, además de sumas no remunerativas, aumentos en la ayuda escolar, mejoras en beneficios como el boleto docente y una suba en algunos fondos específicos como el Fopid y la Conectividad. De acuerdo a las cifras oficiales, estas medidas aseguran que un docente que recién ingresa al sistema educativo no perciba menos de 750.000 pesos mensuales.