La Justicia entrerriana ha renovado su intervención en la problemática ambiental de la capital provincial, reafirmando la urgencia de una solución estructural ante los reiterados incumplimientos estatales.
La titular del Juzgado Civil y Comercial N° 5, Yanina Yzet, emitió una formal intimación dirigida tanto a la Municipalidad de Paraná como a las dependencias gubernamentales de la Provincia, exigiendo el cumplimiento de mandatos judiciales que datan de hace más de quince años. Esta resolución responde a la necesidad de avanzar en el saneamiento del vertedero local, un proceso postergado que ha sido objeto de diversas sentencias desde el año 2008.
La disposición judicial atiende a un pedido presentado a principios de abril por el Foro Ecologista de Paraná, que solicitó la ejecución efectiva de una sentencia dictada inicialmente en 2009 y ratificada sucesivamente en años posteriores. La magistrada ha ordenado a la Secretaría Legal y Administrativa, a la Secretaría de Servicios Públicos municipales, a la Secretaría de Ambiente y a la Fiscalía de Estado provincial, así como a la Defensoría del Pueblo, que procedan con el cese de las quemas en el predio, la implementación de un plan integral de gestión de residuos y el traslado definitivo del actual depósito de desperdicios urbanos. El requerimiento legal busca poner fin a un expediente que, a pesar de haber obtenido fallos favorables en múltiples ocasiones, no ha logrado concretarse en una política pública efectiva.
La crisis ambiental y las respuestas pendientes
El Foro Ecologista, representado legalmente por Aldana Sasia, ha enfatizado que la situación actual no responde a una imposibilidad material, sino a una gestión ineficiente de los recursos destinados al cumplimiento de la orden judicial. Según advierten en su presentación, el panorama es crítico: la separación de residuos en origen es prácticamente nula, la planta de tratamiento opera con una capacidad insuficiente y los focos ígneos junto a la emisión de humos continúan afectando la salud y calidad de vida de la población. Ante este escenario, la representación legal de la organización ambientalista no solo ha solicitado el cumplimiento de la sentencia, sino que ha pedido formalmente la aplicación de multas y la identificación de aquellos funcionarios responsables que han omitido aplicar las medidas ordenadas por la Justicia durante casi dos décadas.
Este requerimiento judicial coincide temporalmente con los recientes encuentros mantenidos entre el gobernador Rogelio Frigerio y los intendentes que conforman el Consorcio Interjurisdiccional Regional Mancomunidad Parque Ambiental del Gran Paraná. En dichas reuniones se ha discutido la posibilidad de establecer un parque ambiental para el tratamiento de residuos del área metropolitana, que incluiría a la capital provincial junto a las localidades de San Benito, Oro Verde, Colonia Avellaneda y Sauce Montrull. La intendenta Rosario Romero ha reconocido públicamente la urgencia de eliminar los vertederos a cielo abierto y la necesidad de alinearse con lo dispuesto por la Justicia, marcando un escenario donde la presión judicial y la voluntad política se entrelazan ante la inminencia de resolver un problema histórico que las administraciones previas no lograron solucionar.