El funcionario de la secretaría de Cultura, Juan Carlos Meillard (Partido Socialista – Juntos por Entre Ríos), renunció a su cargo luego de la remisión a juicio de una causa por drogas que lo involucra.
El viernes pasado presentó su renuncia un funcionario entrerriano involucrado en una causa por facilitación del comercio de drogas. Se trata del dirigente socialista Juan Carlos Meillard, que al inicio de la gestión del gobernador Rogelio Frigerio fue designado como director de Articulación Cultural de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.
Meillard renuncia a su cargo después que la Fiscalía Federal de Concepción del Uruguay solicitara la remisión a juicio de una causa por facilitación del comercio de drogas en locales bailables que lo tiene involucrado.
La decisión de Meillard se produjo en las últimas horas y fue confirmada por fuentes del Gobierno. Fue aceptada de inmediato por el Poder Ejecutivo.
Según se supo el viernes, la titular de la Fiscalía Federal de primera instancia de Concepción del Uruguay, Josefina Minatta, solicitó al juez federal de esa ciudad, Pablo Seró, la elevación a juicio de la investigación seguida contra cuatro personas acusadas por facilitar el comercio de drogas en dos boliches de la ciudad de Concepción del Uruguay. También, la representante del Ministerio Público Fiscal pidió que sean enjuiciados otro hombre y una mujer a quienes se les imputa la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
Minatta pidió que Leila Manuela Pais y Mariano Roberto Carballo, quienes explotaban comercialmente el boliche “Barlovento”, y Paulo Andrés González y Juan Carlos Meillard, quienes hacían lo propio con el predio “Club Cervecero”, vayan a juicio como autores del delito de facilitación de tráfico de estupefacientes o lugares para posibilitarlo. Los cuatro habían sido sobreseídos, en diciembre de 2023, por el juez Seró, pero la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná anuló la decisión, tras el planteo de la fiscalía.
Además, la representante del Ministerio Público Fiscal requirió además que el organizador de las fiestas electrónicas Christian Gonzalo Brem y María Sol Folgueira, en cuyo poder se secuestraron 15 pastillas de éxtasis durante el allanamiento de Club Cervecero, vayan a juicio como autores del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
La causa
La investigación comenzó con una información brindada por la Prefectura Naval Argentina que daba cuenta de que en los dos locales nocturnos de la Ciudad de Concepción del Uruguay se llevaban a cabo fiestas electrónicas a las que asistían gran cantidad de jóvenes y donde se consumiría y comercializarían estupefacientes, especialmente drogas sintéticas como éxtasis y LSD.
Tras las tareas de investigación, se pudo identificar a los dueños de los establecimientos y a Brem, quien sería el encargado de organizar las fiestas electrónicas donde además se comercializaba las drogas. Por orden del juez Seró, el 20 y 21 de abril de 2019 se allanaron los boliches, en los que se secuestraron -dispersos en rincones y detrás de puertas, donde habían sido descartados- 110 pastillas de éxtasis, 8 troqueles de LSD, 6 gramos de cocaína en diversos envoltorios y otra cantidad que no pudo pesarse, 7 picadores, 76 gramos de hojillas de cannabis sativa y 32 cigarrillos de la misma sustancia, al tiempo que se detuvo a Folgueira y a Brem, en cuya vivienda se incautó 76,9 gramos de marihuana, un picador, una balanza digital, una pipa metálica y otros elementos de fraccionamiento.
Días después, el titular del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay procesó a Brem por tenencia simple de estupefacientes. En junio de 2019, a pedido de la fiscalía, el magistrado indagó a los responsables de los boliches y, en diciembre de 2020, los sobreseyó. La decisión fue recurrida por la fiscal Minatta y, en mayo de 2021, la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná revocó los sobreseimientos e instó a “profundizar la investigación a fin de esclarecer los aspectos fácticos de la misma”.
Sin embargo, el 28 de diciembre de 2023, el juez Seró reiteró los sobreseimientos de los cuatro acusados por lo que, en febrero de 2024, la fiscal Minatta apeló nuevamente la resolución, que fue revocada -en mayo pasado- por la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, integrada por las juezas Beatriz Estela Aranguren y Cintia Graciela Gómez y su colega Mateo José Busaniche.