A través del decreto 649/2025, firmado por el intendente Francisco Azcué y el secretario de Gobierno Luciano Dell’Olio, la Municipalidad de Concordia dispuso la apertura de un sumario administrativo contra Gabriela P. Panozzo Zénere, agente de la Dirección de Inspección General.
La acusan de haberse negado a realizar tareas de control de alcoholemia, una función que —según sostiene el Ejecutivo— forma parte del conjunto de actividades habituales del área. La versión de la empleada municipal pone en duda esa acusación. Además, un informe técnico avaló las denuncias de violencia laboral contra Panozzo Zénere y varios de sus compañeros.
En el centro de la foto, Gabriela Panozzo Zénere, la sumariada agente de la Dirección de Inspección General
El decreto no brinda mayores detalles sobre el contexto ni los antecedentes del episodio. Se limita a indicar que la empleada se habría rehusado a cumplir una orden directa de la directora del área, y que eso constituiría una falta grave, encuadrada en el artículo 31° de la Ordenanza 11.275, inciso D, que contempla como causa de cesantía el incumplimiento de órdenes jerárquicas.
Pero la versión de Panozzo Zénere pone en duda esa acusación. En diálogo con medios locales, la trabajadora señaló que desde el año 2023 no cobra el adicional correspondiente a quienes realizan controles de alcoholemia, una tarea que, y agregó que “no es parte de las funciones ordinarias, sino que se realiza bajo código extra”. Precisó que la ordenanza municipal 33.747 establece que el control de alcoholemia se ejecuta en eventos específicos, como los concursos de Reinas y Reyes, y no como una labor diaria obligatoria. “No lo cobro en mis haberes desde hace más de un año. Esto es una operación para sacarme, como dije el primer día que hice mi descargo”, aseguró.
El decreto municipal firmado por Azcué y el secretario Dell ‘Ollio indica que la agente presentó un descargo, pero evita precisar los fundamentos que esgrimió. Sí aclara que será la Dra. Gisela Trentin, de la Dirección de Asuntos Jurídicos, quien instruirá el sumario.
El mismo día de la firma del decreto, el pasado 26 de junio, la agente municipal hizo pública una carta abierta en sus redes sociales donde denunció persecución interna desde hace tiempo. En el posteo recordó un episodio de violencia ocurrido en su lugar de trabajo hace exactamente un año, que derivó en una restricción judicial contra una compañera que —según indicó— hoy ocupa un cargo jerárquico en la misma gestión municipal. Aseguró que pese a la intervención del Ministerio de Trabajo y un informe técnico que avaló las denuncias de violencia laboral realizadas por ella y por parte de varios compañeros del área, la funcionaria implicada sigue siendo respaldada por el Ejecutivo.
La carta expuso, además, que desde entonces la situación se agravó. “Me llamaron durante una semana para que firmara un traslado a otra oficina. Me negué, y a partir de ahí comenzaron a perseguirme. Me descuentan parte del sueldo sin justificación y armaron expedientes para ensuciar mi legajo”, manifestó. “No invento nada, están mis recibos y mis expedientes iniciados”, acotó.
La empleada criticó además, el estilo de conducción del área, y apuntó directamente contra la directora de Inspección General: “Cuando uno pide licencia por estudio, responde ‘a ver si dejan de estudiar’. Ningunea el esfuerzo de quienes quieren superarse”, señaló. Y añadió: “Confunden maltrato con rectitud. Pero hay un abismo de diferencia”.
En su descargo público, Panozzo Zénere remarcó que no teme al poder ni a las consecuencias: “Tengo una hija que todo lo ve y no pienso enseñarle desde el miedo y el silencio. Voy a defenderme administrativamente, personalmente y públicamente”, disparó.
Desde el gobierno municipal, en tanto, no se emitieron declaraciones públicas sobre la situación más allá de lo establecido en el decreto. La causa administrativa sigue en trámite y, por ahora, no se conocen definiciones concretas.
Lo cierto es que este nuevo sumario —en una dirección ya marcada por conflictos previos— vuelve a poner en discusión el uso de los mecanismos disciplinarios en el Estado municipal que encabeza Azcué. Diario Junio