Antes de asumir como vicegobernadora, Laura Stratta conducía el Ministerio de Desarrollo Social de Entre Ríos. Desde ahí comandó en 2016 una licitación que, bajo la bandera social del “Plan Cobijar”, terminó envuelta en uno de los negocios más turbios de la gestión: la compra de tela polar para frazadas a precio inflado y con serias advertencias del Tribunal de Cuentas.
Ese año se llamó a la Licitación Pública Nº 03/2016 para adquirir 30.000 kilos de polar liso, antipilling, 100% poliéster, destinado a confeccionar mantas para familias vulnerables. Se presentaron tres oferentes: Litoral Textil (con dos alternativas), Ramarcom y Compañía Comercial Mayorista. Esta última se quedó con el contrato por $6.996.000, un valor equivalente a unos 233 pesos por kilo.
La cuestión —y el escándalo— es que la marca y calidad adjudicadas eran exactamente las mismas que ofrecía Litoral Textil en una de sus alternativas… pero a un precio mucho más bajo. La diferencia, calculada por el Cuerpo de Auditores y la Fiscal de Cuentas N.º 8 del Tribunal de Cuentas, trepaba a $1.469.500. Eso equivalía, al dólar oficial de 2016 (≈ $14,75), a unos USD 99.600. Si se lleva a valor actual, considerando la cotización oficial de agosto de 2025 (≈ $950), ese perjuicio rondaría los 1,5 millones de DÓLARES.
Las alertas oficiales fueron tan claras que el propio Poder Ejecutivo emitió el Decreto 2789/16, suspendiendo “en el estado en que se encuentre” el contrato, frenando pagos y nuevas recepciones, a la espera de que se aclarara la extraña situación. En cualquier administración con apego a la transparencia, ahí hubiera terminado la historia.
Sin embargo esto no ocurrió. En abril de 2017, el gobierno provincial —con Stratta todavía como ministra y Gustavo Bordet en la Gobernación— dio un giro político y jurídico: mediante el Decreto 820/17 dejó sin efecto la suspensión y ordenó continuar con la ejecución del contrato. ¿El argumento? Un dictamen de Secretaría Legal y Técnica que, en vez de discutir el fondo del sobreprecio, apuntó contra la Acordada 284/16 del Tribunal de Cuentas que establecía el control previo de las contrataciones de “alta significación económica”. De acuerdo a Legal y Técnica, esa acordada era inconstitucional y el Ejecutivo podía “desaplicarla”.
Mientras tanto, en el plano judicial, entre los pedidos de informe periódicos que el propio abogado denunciante realizaba ante el Ministerio Público Fiscal sobre esta causa, siempre se respondía que el expediente estaba en manos de la Dra. Farinó. En algún momento, u n medio llegó a publicar que incluso había una causa iniciada de oficio. Pero la realidad es que nunca se avanzó en serio: ni pericias, ni imputaciones, ni llamados a indagatoria. El “curro de las frazadas” quedó en stand-by.
La consecuencia de esa decisión política fue automática: se retomó el pago a la empresa adjudicataria y se cerró el paso a la revisión de fondo que exigían los auditores. Así, el Plan Cobijar terminó tampando un negocio millonario para un proveedor, con el Estado pagando mucho más por el mismo producto.
Hoy, los documentos son claros: pliegos restrictivos que limitaban la competencia, advertencias técnicas ignoradas, un sobreprecio probado por el órgano de control y un Ejecutivo que eligió mirar para otro lado. Un manual del “cómo se hace” en la administración pública entrerriana.
La próxima vez que desde el poder se reparta una manta y se saque la foto de rigor, convendría recordar que, en Entre Ríos, hasta el «frío» se convirtió en «negocio».
NDR: El presidente del Tribunal de Cuentas durante aquel ataque de Ética fue removido y cambiado por Diego Lara, que cambió mas de 540 cheques de los CONTRATOS TRUCHOS.