Los involucrados en los disturbios que se produjeron en la sede de la UOCRA en Paraná tuvieron que presentarse en los Tribunales la mañana de este martes.
Comparecieron ante la Justicia los 33 imputados por la violenta toma ocurrida la mañana del viernes 5 de julio en la sede de la UOCRA (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina), en calle Andrés Pazos 176 de Paraná, en pleno centro de la ciudad de la capital de la provincia.
La audiencia fue solicitada por las fiscales Patricia Yedro y Valeria Vílchez. Será el martes 6 de agosto, ante el juez de Garantías de Paraná, Julián Vergara. La investigación busca “establecer formas y circunstancias” de la violenta toma de la seccional Paraná de la Unión Obrera de la Construcción Argentina (Uocra), donde “grupos enfrentados” y “por circunstancias a establecer, luego de grescas generalizadas por el reclamo del edificio” produjeron graves daños en la sede.
Las fiscales solicitarán medidas de coerción mientras se sustancia la investigación para determinar las responsabilidades en los destrozos ocasionados en la toma de la sede de la Seccional Paraná de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra), ocurridos el 5 de julio en las primeras horas de la mañana.
La audiencia fue pedida por las fiscales en el contexto del Legajo de OGA Nº 29766 caratulado “Mendoza Abel Alberto – Zalazar Hugo Luján – sus denuncias s/ Daño denunciados: Araya Emanuel David – Leguizamón Leonardo Exequiel – Bertana Renzo – Menotti Claudio Andrés – Mauri Misael”. Estos son algunos de los 34 imputados en el legajo. Araya y 17 imputados más son defendidos por Alberto Salvatelli y Natalia Salvatelli Cardoso, letrados de Paraná.
Se trata de los involucrados en los destrozos y disturbios que se generaron en medio de una denuncia por intento de toma de la sede del gremio. Hubo violentos enfrentamientos y la Policía de Entre Ríos tuvo que disuadir la manifestación con balazos de goma.
El abogado Claudio Berón, quien representa a 15 de los 33 imputados, se trató de una audiencia para la renovación de medidas coercitivas, que consistían, en su gran mayoría, en la restricción de acercamiento a la sede donde fue el conflicto.