La tranquilidad matutina del centro de Concordia se vio alterada este lunes por un importante despliegue policial y judicial, que irrumpió en las propiedades del exgobernador Gustavo Bordet.
La medida, que se inscribe en la causa por presunto enriquecimiento ilícito, alcanzó su residencia histórica, una vivienda colindante y la quinta que el matrimonio posee en un exclusivo barrio cerrado, marcando un hito en la investigación que el fiscal José Emiliano Arias lidera sobre el patrimonio del exmandatario y actual diputado nacional.
El trámite judicial, que cuenta con el aval de una investigación previa, busca el secuestro de documentación sensible, como recibos de sueldo, libros contables, escrituras y boletos de compraventa, además de dispositivos electrónicos que permitan reconstruir el entramado financiero de los últimos años. La pesquisa no solo apunta contra el dirigente del PJ, sino que extiende su radio de acción hacia su esposa, la diputada provincial Mariel Ávila, sus hijas, el exsecretario general de la Gobernación, Franco Ferrari, y otros allegados al entorno familiar.
La hipótesis que sostiene la Fiscalía es contundente y sugiere un incremento patrimonial desproporcionado entre 2007 y 2023, período en el que Bordet ejerció como intendente de Concordia y gobernador de la provincia. Según los investigadores, este crecimiento no respondería únicamente a ingresos declarados, sino que se habría materializado a través de la adquisición de bienes muebles e inmuebles, contando presuntamente con la participación de personas interpuestas para camuflar la titularidad real de los activos.
El recorrido de los allanamientos permite vislumbrar la magnitud de la preocupación judicial. Los funcionarios se hicieron presentes en la casona de 357 metros cuadrados ubicada en calle Urquiza 867, propiedad que perteneció a los abuelos de Bordet, la cual se encuentra físicamente conectada por el fondo con la vivienda adquirida en 2007 sobre calle Salta 66. A esto se suma el foco puesto sobre la casa de fin de semana en el complejo Village Termal, un predio que abarca perforaciones termales y hoteles, donde Bordet edificó una propiedad de dos niveles tras la adquisición de dos lotes estratégicos en 2016 y 2020.
Más allá del inventario de ladrillos y terrenos, el fiscal Arias hace hincapié en la supuesta omisión y subvaluación de activos en las declaraciones juradas del exgobernador. La lupa judicial también se detiene en viajes no oficiales al exterior que, a criterio de la instrucción, resultarían incompatibles con el nivel de ingresos familiares declarados, así como en un cúmulo de transferencias bancarias sospechosas realizadas por colaboradores cercanos que, tras su paso por la gestión pública, recalaron en la planta permanente del Senado provincial.
Esta ofensiva judicial, que días atrás tuvo un preludio con el allanamiento a la casa de una de las hijas del exgobernador en Paraná, pone en jaque la transparencia de la gestión de Bordet. Con la renuncia previa del diputado nacional a sus fueros parlamentarios, la Justicia busca ahora despejar las dudas sobre un patrimonio que, bajo la mirada de la Fiscalía, esconde mucho más de lo que se ha transparentado ante los organismos de control.