La Cámara Segunda de Apelaciones de Paraná, Sala Primera, ha tomado la decisión de autorizar un allanamiento y el embargo de los residuos acumulados en la planta de tratamiento y transferencia de “Las 3E S.R.L.”. Esta medida se produce en el marco de una acción de amparo colectivo, en respuesta al reiterado incumplimiento de la empresa con respecto a una sentencia judicial que ordenaba el retiro de desechos, los cuales representan un riesgo palpable para el medio ambiente y la comunidad local.
La resolución, firmada por la vocal Gabriela Teresita Mastaglia, designa a la Municipalidad de Paraná como depositaria de los residuos embargados y habilita el uso de la fuerza pública si se presenta resistencia al ingreso de los agentes municipales y provinciales encargados del relevamiento técnico. Este hecho pone de manifiesto la creciente preocupación por el manejo de residuos y la protección del entorno urbano.
El proceso judicial inició con la causa «BARSANTI, LILIANA BEATRIZ Y OTROS C/ MUNICIPALIDAD DE PARANÁ Y OTRO S/ ACCIÓN DE AMPARO (COLECTIVO)», donde se evidencian las inquietudes comunitarias con respecto al estado de la salud ambiental en la zona. La sentencia original, emitida el 29 de julio de 2024, exigía que “Las 3E S.R.L.” retirara los residuos y los trasladara a una planta de tratamiento debidamente habilitada. Sin embargo, casi un año después, la empresa no había cumplido con esta orden, y tras dos informes de incumplimiento emitidos en marzo y junio de 2025, no presentó un plan viable para el traslado de los desechos.
Frente a esta situación crítica, tanto la Municipalidad de Paraná como la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos solicitaron la inspección técnica del establecimiento con el fin de determinar la composición, calidad y cantidad de los residuos, incluyendo la clasificación de los mismos en reciclables, no reciclables, peligrosos y contaminados. Esta solicitud responde a antecedentes de obstaculización por parte de los propietarios del predio que habían dificultado el cumplimiento de las normativas ambientales.
La necesidad de un allanamiento y de la intervención de la fuerza pública fue subrayada por las autoridades, quienes también mencionaron las limitaciones en recursos humanos y materiales para llevar a cabo el traslado sin descuidar otras obligaciones administrativas. El 5 de agosto de 2025, “Las 3E S.R.L.” presentó un nuevo plan de acondicionamiento y traslado de los residuos. La propuesta incluye el cese definitivo de actividades comerciales en la ubicación actual, situada en avenida José Hernández N.º 2561 de Paraná, y sugiere un “programa de vaciamiento progresivo, técnico, seguro y ambientalmente controlado” del sitio.
La jueza Mastaglia fundamentó su decisión en la prolongada inacción de la empresa frente a la sentencia de amparo ambiental y el evidente riesgo que esto representa para vecinos y el entorno. En sus declaraciones, enfatizó que no se podía continuar dilatando la implementación de medidas urgentes. Asimismo, reafirmó la obligación de las autoridades de garantizar el derecho a un ambiente sano conforme al Artículo 41 de la Constitución Nacional y al Artículo 8, inciso 3), letra f) del Acuerdo de Escazú.
La resolución judicial no solo autoriza el relevamiento de los residuos y decreta su embargo, sino que también establece pasos claros a seguir. Las autoridades ambientales de la Municipalidad de Paraná y la Provincia de Entre Ríos están encargadas de realizar el relevamiento técnico de los residuos en cuestión. Además, deberán emitir un informe en un plazo de cinco días respecto a la viabilidad y utilidad del nuevo plan propuesto por “Las 3E S.R.L.”.
Por el momento, el tratamiento del procedimiento específico para el retiro y traslado de los residuos queda pendiente hasta que se completen los resultados del relevamiento y la evaluación del nuevo plan presentado por la empresa. Esta situación refleja un esfuerzo conjunto entre las autoridades y la comunidad para salvaguardar la salud ambiental y atender las crecientes demandas de justicia en materia de residuos y salud pública.