Este jueves, diversos organismos presentaron una denuncia ante la Justicia federal de Paraná, solicitando la investigación de presuntas irregularidades en las auditorías realizadas por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) sobre pensiones no contributivas. La denuncia se centró en la posible falsificación de la firma de un profesional médico involucrado en el proceso.
Los denunciantes, que incluyen a un amplio espectro de funcionarios y representantes sociales, acudieron al fiscal federal en turno, Martín Cabrera, para plantear su preocupación acerca de las prácticas llevadas a cabo durante las evaluaciones de beneficiarios de pensiones por discapacidad. Entre los firmantes se encuentran figuras como Marcia López, defensora del Pueblo de Paraná; Sandra Salina, representante del Consejo Federal de Discapacidad por Entre Ríos, y el equipo de profesionales del Hospital Escuela de Salud Mental.
La acción legal se originó a partir de las auditorías dispuestas por Andis, que se llevaron a cabo entre el 1 y el 8 de agosto en un hotel céntrico de la capital provincial. Durante este periodo, se convocó a un gran número de residentes del departamento Paraná, quienes debían asistir a una evaluación presencial como condición para continuar recibiendo sus pensiones. Asimismo, la asistencia era fundamental para la inclusión en el programa Incluir Salud, lo que añade una capa de presión sobre los beneficiarios, muchos de los cuales enfrentan serias dificultades personales y sociales.
Sin embargo, durante estas evaluaciones, los representantes de los organismos denunciantes observaron con preocupación que las personas con discapacidad eran atendidas por jóvenes que aseguraban pertenecer a una consultora contratada por Andis. Estos individuos, que en su mayoría no contaban con la formación adecuada en Medicina, se limitaban a registrar datos filiatorios y diagnósticos de los beneficiarios sin realizar un examen riguroso ni proporcionar la atención que estos necesitaban.
La situación se tornó más alarmante al notar que las constancias de asistencia que se entregaban a los participantes incluían firmas escaneadas y sellos atribuibles a profesionales médicos, que parecían haber sido utilizados de manera indebida. En particular, figuraba el nombre de Leandro Peñaloza, cardiólogo de Pergamino, cuyo sello aparecía en los documentos junto a un número de matrícula ilegible. Este mismo profesional ha denunciado públicamente que su firma fue falsificada en auditorías de pensiones por discapacidad en Misiones, y ha asegurado que no tiene ningún vínculo con la Andis.
La denuncia pone de manifiesto una serie de irregularidades que podrían comprometer la veracidad y la ética del proceso de auditoría. La posibilidad de que se hayan falsificado documentos y firmas de médicos es un delito grave que afecta no solo a las personas con discapacidad que dependen de estas pensiones, sino también a la integridad del sistema de salud pública en su conjunto. Las consecuencias de tales acciones pueden ser devastadoras para los beneficiarios, quienes pueden verse privados de recursos vitales en un momento de necesidad extrema.
En vista de estos hechos, los organismos que llevaron a cabo la denuncia han solicitado a la Justicia federal que tome las medidas que considere necesarias para investigar a fondo la situación expuesta. Además, se han ofrecido a colaborar con la investigación y proporcionar información adicional que pueda ser relevante para esclarecer los hechos.
La comunidad espera con expectación la respuesta de la Justicia frente a esta denuncia, consciente de que la transparencia y la correcta gestión de las instituciones son fundamentales para garantizar los derechos de las personas con discapacidad. De confirmarse las irregularidades, sería crucial implementar cambios inmediatos en el procedimiento de auditoría y en la relación con los profesionales médicos implicados para asegurar que situaciones similares no vuelvan a ocurrir.
Este caso resalta la importancia de que organismos estatales y de defensa de los derechos humanos trabajen en conjunto para salvaguardar los derechos de las poblaciones vulnerables, especialmente en un ámbito tan delicado como el de la discapacidad. La alerta y la acción conjunta son vitales para prevenir futuros abusos y asegurar que todos los ciudadanos reciban la atención y el apoyo que legítimamente merecen. La sociedad en su conjunto debe permanecer atenta y exigente ante la preservación de los derechos humanos y la ética profesional en el sector público.