El hallazgo de dispositivos de espionaje en el despacho del gobernador Rogelio Frigerio reabre interrogantes sobre prácticas de vigilancia interna en la Casa de Gobierno, y remite a denuncias previas vinculadas a filmaciones no autorizadas de funcionarios provinciales, entre ellas las que involucraron a Edgardo Kueider cuando ocupaba un cargo clave en la gestión entrerriana.
- Redacción Impacto de Noticias
El reciente descubrimiento de dispositivos de espionaje en el despacho del gobernador Rogelio Frigerio y en dependencias de la Secretaría General de la Gobernación generó una fuerte conmoción institucional en Entre Ríos y derivó en la presentación de una denuncia penal para esclarecer responsabilidades. La investigación apunta a determinar quiénes instalaron los artefactos, desde cuándo operaban y con qué finalidad se obtenía la información registrada.
Más allá de la gravedad del hecho en sí, el episodio reavivó el recuerdo de antecedentes ocurridos en la Casa de Gobierno durante gestiones anteriores, cuando trascendieron denuncias por grabaciones y filmaciones no autorizadas que involucraron a funcionarios provinciales en ejercicio de sus funciones.
Entre esos antecedentes se destacan las imágenes que salieron a la luz de Edgardo Kueider, cuando se desempeñaba como secretario general de la Gobernación, registradas dentro de su propio despacho. Aquellas filmaciones, cuya obtención nunca fue plenamente esclarecida, generaron sospechas sobre la existencia de mecanismos de control o vigilancia interna en ámbitos oficiales, sin que quedara establecido judicialmente el origen de los registros ni eventuales responsabilidades penales.
Si bien desde el gobierno provincial actual no se ha establecido una relación directa entre el caso de espionaje detectado en 2026 y las grabaciones difundidas años atrás, ambos episodios comparten un elemento central: la utilización de dispositivos o registros ocultos dentro de edificios públicos, en espacios reservados a la actividad institucional de funcionarios de alto rango.
El hallazgo denunciado por Frigerio vuelve a poner en debate la seguridad interna de la Casa de Gobierno y la necesidad de garantizar que las dependencias oficiales no sean utilizadas para prácticas de espionaje, seguimiento o acumulación de información sensible con fines políticos, personales o extorsivos.
Con la investigación judicial en marcha, el caso abre un nuevo capítulo en una historia que, para muchos sectores de la política entrerriana, expone la persistencia de prácticas opacas que atraviesan distintas gestiones y que ahora vuelven a quedar bajo la lupa pública.