Bajo el disfraz de una reforma “libertaria”, el gobierno de Javier Milei avanza contra el Estatuto del Periodista Profesional con un objetivo claro: debilitar, disciplinar y amedrentar a quienes todavía se animan a contar lo que incomoda. No es modernización ni ajuste: es censura por precarización.
El gobierno de Javier Milei volvió a mostrar su verdadera cara. Detrás del grito desaforado de “libertad” se esconde un proyecto profundamente autoritario que no tolera la crítica ni el control democrático. El intento de derogar el Estatuto del Periodista Profesional no es un tecnicismo legal ni una discusión laboral menor: es una ofensiva directa contra el derecho a informar y contra la sociedad que necesita estar informada.
El Estatuto del Periodista existe para algo muy simple y muy molesto para el poder: garantizar que quienes investigan, preguntan y publican no dependan exclusivamente del humor del patrón, del anunciante o del gobierno de turno. Quitar esa protección es empujar al periodismo a la intemperie total, donde el miedo al despido, al apriete o al hambre se convierte en una eficaz herramienta de censura.
Milei no necesita cerrar medios ni prohibir notas. Le alcanza con destruir las condiciones materiales que permiten hacer periodismo. Un trabajador sin derechos es un trabajador silencioso. Y un periodista silencioso es el sueño húmedo de cualquier gobierno que pretende gobernar sin rendir cuentas.
La operación es burda y cínica. Primero se desacredita públicamente a la prensa, se la insulta, se la caricaturiza como “enemiga” o “corrupta”. Luego se instala la idea de que sus derechos son privilegios. Finalmente, se avanza con la motosierra legal para arrasar con décadas de conquistas laborales. Todo en nombre de un mercado que nunca es neutral y siempre juega a favor de los mismos.
Resulta grotesco que quien se presenta como adalid de la libertad individual ataque uno de los pilares básicos de la democracia moderna. Sin periodismo protegido no hay libertad de expresión real, hay propaganda, operaciones y silencios comprados. La libertad que pregona Milei parece ser solo para los poderosos; para el resto, ajuste, disciplinamiento y miedo.
No es una casualidad ni un exceso verbal. Es un modelo. Un país con periodistas precarizados es un país con menos preguntas, menos investigaciones y más impunidad. Es un país donde el relato oficial circula sin obstáculos y donde el disenso se paga caro.
La derogación del Estatuto del Periodista no es un error ni una improvisación: es una advertencia. El gobierno no quiere periodistas libres, quiere comunicadores obedientes. No quiere información, quiere relato. Y no quiere democracia plena, quiere una libertad recortada, diseñada a la medida del poder económico y político que dice combatir pero al que, en los hechos, siempre termina sirviendo.
Cuando un gobierno le declara la guerra al periodismo, no está atacando a un sector, está atacando el derecho de toda la sociedad a saber. Y eso, por más gritos y consignas libertarias que se repitan, tiene un solo nombre.