Efectivos y familiares de la Policía de Entre Ríos convocaron a una manifestación pacífica para el jueves 12 de marzo a las 17 en la Plaza de la Casa de Gobierno, en Paraná.
La convocatoria a una manifestación pacífica de la Policía de Entre Ríos prevista para este jueves 12 de marzo a las 17 en la Plaza de la Casa de Gobierno, en Paraná, expone una vez más una realidad incómoda para el poder político: el profundo malestar que atraviesa a una de las instituciones más sensibles del Estado.
El reclamo, impulsado por efectivos, retirados y familiares, busca visibilizar una situación que dentro de la fuerza se describe como insostenible. Salarios que pierden contra la inflación, jornadas laborales extenuantes, escaso reconocimiento institucional y un sistema disciplinario rígido que limita la posibilidad de reclamo formal, forman parte del combo que empuja a los uniformados a buscar canales de protesta fuera de los mecanismos tradicionales.
Además del reclamo estrictamente salarial, la convocatoria también tendrá un fuerte componente simbólico y emocional para la fuerza. Entre los motivos de la concentración se menciona el recuerdo de los compañeros caídos que ya no están, una deuda silenciosa que muchos efectivos sienten que el Estado y la sociedad aún no han saldado. En ese contexto, el nombre de Franco aparece con especial peso entre los uniformados, como símbolo de una pérdida que sigue presente en la memoria de quienes comparten la vocación y los riesgos cotidianos del servicio. Su recuerdo, aseguran, será uno de los motores de la manifestación pacífica, que buscará visibilizar no sólo las demandas económicas, sino también el reconocimiento a quienes dejaron la vida cumpliendo su deber.
Aunque la manifestación fue anunciada como pacífica, el solo hecho de que integrantes de una fuerza de seguridad se movilicen frente a la Casa de Gobierno revela la magnitud del descontento. En Entre Ríos, como en muchas otras provincias, los policías tienen prohibido sindicalizarse y sus reclamos suelen quedar atrapados entre la disciplina interna y la indiferencia política. Cuando esa tensión se rompe, el conflicto adquiere una dimensión mucho más delicada.
En este contexto, la protesta del jueves aparece como un síntoma de un problema estructural que los distintos gobiernos provinciales han preferido postergar. Durante años, la discusión sobre salarios, equipamiento, condiciones laborales y cobertura social para la fuerza quedó relegada frente a otras prioridades de la agenda pública.
Sin embargo, la situación actual muestra señales de desgaste. La pérdida del poder adquisitivo en los últimos años golpeó de lleno a los efectivos de menor rango, muchos de los cuales dependen de horas extras o adicionales para completar ingresos que apenas alcanzan para sostener a sus familias. A eso se suman las largas jornadas de trabajo, los servicios recargados y la presión permanente que implica el ejercicio de la función policial.
Lo paradójico es que mientras desde el discurso oficial se exige a la fuerza mayor presencia en las calles, mayor control del delito y mayor capacidad de respuesta frente a la inseguridad, poco se habla de las condiciones en las que los propios policías desarrollan su trabajo. La seguridad pública se presenta como una prioridad, pero quienes están encargados de garantizarla muchas veces quedan relegados en la discusión presupuestaria.
La convocatoria frente a Casa de Gobierno también pone en evidencia una falta de canales institucionales eficaces para canalizar los reclamos dentro de la fuerza. Cuando la única forma de ser escuchado parece ser una manifestación pública, algo claramente no está funcionando en la relación entre el poder político y la institución policial.
El riesgo de ignorar estas señales es evidente. Cada vez que el malestar dentro de una fuerza de seguridad crece sin respuestas concretas, el clima interno se vuelve más tenso y la relación con la conducción política se deteriora. No se trata solo de un conflicto salarial, sino de una cuestión que impacta directamente en el funcionamiento de una estructura clave del Estado.
Por eso, la protesta anunciada para este jueves no debería ser leída únicamente como una movilización más frente a la Casa de Gobierno. Es, en realidad, la expresión visible de un problema que durante demasiado tiempo se mantuvo debajo de la alfombra.
Si el gobierno provincial decide mirar para otro lado o minimizar el reclamo, el conflicto difícilmente desaparezca. Por el contrario, podría profundizarse. La historia reciente demuestra que cuando las demandas dentro de las fuerzas de seguridad se ignoran sistemáticamente, tarde o temprano terminan estallando de una forma mucho más difícil de contener.
La concentración del jueves será, en ese sentido, un termómetro político y social. No solo medirá la capacidad de movilización del sector policial, sino también la voluntad del gobierno de escuchar un reclamo que, más allá de las formas, refleja una problemática que ya no puede seguir siendo postergada.