Se llevó a cabo en la mañana de este jueves la audiencia para discutir el pedido formulado por la Fiscalía, sin embargo aún no hay definiciones.
Tras varias dilaciones e idas y vueltas en torno al pedido formulado por la Fiscalía de prisión preventiva para Sergio Urribarri y su cuñado Juan Pablo Aguilera, así como el pedido de cárcel de Pedro Báez, condenados en el marco del Megajuicio por corrupción, se realizó este jueves la audiencia para discutir esta solicitud, así como el planteo de los abogados defensores.
No obstante, no hubo definiciones y se decidió pasar a un cuarto intermedio hasta la semana que viene.
El Tribunal que, tras variadas recusaciones, quedó integrado por Carolina Castagno, Elvio Garzón y Julián Vergara, escuchará el pedido de los fiscales Gonzalo Badano, Juan Francisco Ramírez Montrull, Patricia Yedro e Ignacio Aramberry, quienes fundamentarán su pedido de inmediata detención de Báez, para que sea derivado a la Unidad Penal N° 1 de Paraná y la prisión preventiva de Urribarri y Aguilera, quienes todavía tienen la vía de la queja para revertir la sentencia en su contra ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los defensores Emilio Fouces, Ignacio Díaz y Fernando Burlando plantearán sus oposiciones, anticiparon.
Cabe recordar que Urribarri fue condenado a 8 años de prisión en el marco del megajuicio por corrupción. Se lo consideró responsable de delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, fraude a la administración pública y peculado.
Se lo juzgó entre 2021 y 2022 junto a otros funcionarios y particulares vinculados a contrataciones del Estado provincial durante sus gestiones de gobierno. Entre los condenados de mayor jerarquía por el cargo y rol que desempeñaron estuvo el exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez, y el cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera.
En la misma condena se sentenció además, al exministro de Cultura Pedro Báez y al cuñado del exgobernador Juan Pablo Aguilera. Ambos recibieron una pena de 6 años y medio de prisión más la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, al igual que Urribarri.