El Ministerio Público Fiscal (MPF), posee el número exacto del perjuicio económico que los integrantes de la financiera San Mar SAS cometieron en Paraná. El contador Héctor Enrique, director técnico del Gabinete Pericial Contable del MPF concluyó que el perjuicio asciende a más de 1.800.000 dólares y 387.000.000 pesos. Los afectados son 77 personas.
El documento tiene fecha de culminación el 4 de marzo, pero comenzó el 30 de abril de 2025. Al fiscal Santiago Alfieri solo le falta la pericia informática de algunos dispositivos que fueron secuestrados oportunamente. Una vez que esos exámenes estén culminados el caso podrá ser remitido a juicio. Por el momento los imputados son: Andrés y Julio Gamarci, Matías Leonel Santa María y Cristian Vital.
Lo insólito es que los tres contadores contratados por los acusados para controlar la pericia ninguno se presentó a la pericia a pesar de haber sido notificados.
La pericia contable deja en claro que los montos actualizados a marzo son estrafalarios: 1.063.451.093,84 pesos y 2.029.647,96 dólares.
Hector Enrique indicó que la principal fuente documental utilizada fueron los contratos de mutuos, acuerdos legales en los que una parte transfiere dinero o bienes fungibles a otra, con la obligación de devolverlos en igual cantidad y calidad. Estos contratos, generalmente reales y onerosos, suelen pactar intereses. El perito señaló que se procesó la documentación aportada por los denunciantes, que incluía contratos de mutuos y pagarés.
El criterio adoptado fue claro: si la denuncia estaba acompañada por contrato y pagaré, se consideró que el dinero entregado no había sido devuelto conforme lo estipulado, incluyendo intereses devengados y no cancelados.
La causa judicial
El fiscal Santiago Alfieri imputó a Andrés Gamarci, Matías Leonel Santa María y Cristian Vital por presuntas maniobras financieras realizadas a través de las firmas San Mar SAS y JIFA SAS. De acuerdo a la acusación, desde hace al menos cinco años habrían recibido fondos de particulares ofreciendo intereses superiores al mercado —2,5% mensual en dólares—, suscribiendo pagarés y contratos de mutuos para garantizar el capital.
La investigación precisa que, con promesas de altos rendimientos, lograron retener el capital de los inversores. No obstante, desde julio de 2024 dejaron de pagar intereses y comenzaron a eludir el reintegro del capital, generando un perjuicio millonario. Los denunciantes aseguran que los imputados se escudaban en empleados y abogados que hablaban de una supuesta “reestructuración empresarial”.
La Fiscalía solicitó al Gabinete Contable un detalle de los montos aportados y apropiados, discriminados en pesos y dólares, además de la identificación de capital pendiente de devolución respaldado por contratos, pagarés y mensajes. El informe incluyó cuadros resumen por año y tipo de moneda.
Mientras que la defensa solicitó un análisis exhaustivo de la documentación obtenida en los allanamientos, incluyendo contratos y otros elementos, además de cualquier dato adicional que pudiera resultar relevante para la causa.