En un fallo sin precedentes, la Justicia de Garantías ordenó al Jefe de la Policía de Entre Ríos abstenerse de cualquier represalia contra los efectivos que revelaron el fraude en el 911. Traslados, sanciones y hostigamientos quedaron vetados bajo amenaza de detención inmediata.
La Justicia entrerriana ha decidido levantar un muro de contención para proteger a los «arrepentidos» de la fuerza. El juez de Garantías, Julián Vergara, dictó una medida cautelar de extrema sensibilidad que notifica directamente al jefe de la Policía, Claudio González: los denunciantes son intocables.
Esta resolución surge tras la grave denuncia por malversación de caudales públicos y exacciones ilegales en la División 911 de Paraná, donde se investiga un esquema de «recaudación ilegal» mediante el desvío de fondos destinados a servicios adicionales.
Los puntos clave del «Bozo Judicial»
El magistrado fue tajante al establecer reglas de juego para la jefatura mientras dure la investigación conducida por el fiscal Gonzalo Badano:
- Veto a las sanciones: Queda prohibido ejecutar traslados, cambios de turno, quita de adicionales o cualquier medida disciplinaria que no tenga un sustento técnico irrefutable.
- Fin del hostigamiento: La cúpula no podrá realizar actos de vigilancia, intromisión o persecución, ni en el ámbito laboral ni en el personal de los efectivos y sus familias.
- Plazo y castigo: La protección rige por 90 días. El incumplimiento de esta orden no se saldará con una nota administrativa: el juez advirtió que ordenará la detención inmediata de quien desobedezca, bajo el cargo de desobediencia judicial.
Documentación bajo la lupa
El avance de la causa ya tuvo sus primeros hitos operativos. El pasado 30 de abril, la sede del 911 en las Cinco Esquinas fue escenario de un procedimiento donde la Fiscalía recolectó abundante material documental y digital.
Estas pruebas buscarán dar sustento a la denuncia presentada con el patrocinio del abogado Rubén Pagliotto, que califica los hechos como de «extrema gravedad institucional». El listado de delitos que se investigan es extenso y contundente: desde peculado y malversación hasta coacción y falsedad ideológica.
La medida cautelar responde directamente al pedido de los uniformados, quienes, al exponer el presunto sistema de recaudación clandestina, manifestaron un fundado temor por su integridad y su carrera. Con este fallo, la Justicia busca garantizar que la investigación no sea obstruida por el verticalismo de la fuerza ni por maniobras de amedrentamiento interno.
Mientras el fiscal Badano analiza los registros digitales secuestrados, el mensaje de los Tribunales es claro: la transparencia no se negocia con represalias.