Estefanía Alejandra Fernández, oficial de la Policía de Entre Ríos, presentó una denuncia penal desde Israel contra la cúpula de la División 911. Relata un esquema sistemático de recaudación ilegal, coacción jerárquica y el uso de su propia cuenta sueldo para desviar fondos estatales.
La megacausa por corrupción en la Policía de Entre Ríos suma un capítulo dramático y revelador. La oficial Estefanía Alejandra Fernández, quien debió abandonar el país por temor a represalias, formalizó una denuncia ante el fiscal Dr. Gonzalo Badano. En su escrito, describe una estructura organizada que funcionó entre 2024 y 2025 dentro de la División 911, dedicada a la «utilización indebida de cuentas sueldo de personal policial para la canalización de dinero proveniente de servicios adicionales que no eran efectivamente prestados».
El mecanismo: cuentas sueldo y entregas en efectivo
Según el relato judicial, la operatoria no era opcional. Fernández afirma que recibió órdenes directas de sus superiores para que su cuenta en el Nuevo Banco de Entre Ríos fuera utilizada para acreditar montos vinculados a servicios adicionales ficticios.
- La orden: la Comisario Luján Micheloud le informó que su cuenta recibiría depósitos bajo directivas del Comisario Juan Manuel Zunino.
- El retiro: una vez acreditado el dinero, la oficial debía retirarlo de inmediato en efectivo.
- La entrega: el capital era entregado personalmente a los Comisarios Zunino y Villarreal, a la Comisario Micheloud y al Oficial Alexis Minetti.
- La «Caja»: los fondos eran justificados bajo la promesa de «mejorar las condiciones de trabajo» (móviles, alimentación), aunque la denunciante asegura que tales mejoras nunca ocurrieron.
Coacción en pleno embarazo de riesgoUno de los puntos más sensibles de la denuncia es el contexto de vulnerabilidad que atravesó la oficial. Fernández relata que, mientras se le exigía participar en este circuito de dinero, cursaba un embarazo de riesgo. Al notificar al Comisario Villarreal mediante certificado médico, este habría respondido de forma cínica: «Felicitaciones, ahí tenés la plata depositada», ordenándole acto seguido que realizara la extracción del dinero para entregarlo en la división.
La denunciante subraya que cualquier intento de cuestionar estas prácticas implicaba amenazas de traslado y represalias administrativas. «No se trataba de un hecho aislado, sino de un mecanismo organizado y sostenido en el tiempo», afirma el escrito.
El pedido de auxilio y las pruebas solicitadas
Actualmente residente en la ciudad de Ashkelon, Israel, Fernández solicitó medidas urgentes de protección para ella y su hija de 13 meses, además de la reserva de su identidad. Su defensa ha solicitado una serie de medidas de prueba clave para desarticular la red:
- Cruces bancarios: informes al Nuevo Banco de Entre Ríos para reconstruir la trazabilidad de los fondos y el origen de los depósitos.
- Auditoría de planillas: remisión de las planillas de servicios adicionales y libros de guardia del 911 de los años 2024 y 2025.
- Testimonios: se ha citado a declarar a más de una decena de efectivos policiales que podrían haber atravesado situaciones análogas.
La denuncia concluye que el sistema jerárquico vertical de la institución fue utilizado para «paralizar» a los subordinados, obligándolos a participar en actos ilícitos bajo la apariencia de legalidad. La Justicia ahora deberá determinar el alcance real de esta «caja negra» que, según la denunciante, subordinó la seguridad pública a intereses particulares.