Por mayoría, la Cámara de Diputados de Entre Ríos aprobó la iniciativa que regula el uso de agroquímicos. El Presidente de la Comisión de Ambiente, Juan Rossi, fue el encargado de fundamentar la aprobación del proyecto, que no se debatió en el recinto. En las gradas del recinto estuvieron presentes representantes ambientalistas y rurales. El bloque del PJ votó dividido.
El presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente, Juan Rossi, fue el encargado de explicar de qué se trata el proyecto de ley denominado de “Buenas prácticas en la utilización de Fitosanitarios y Domisanitarios”, esto es, la iniciativa que dispone cómo se regula la utilización de agroquímicos.
“Es un tema complejo, pero quiero destacar la decisión del gobernador Rogelio Frigerio de modernizar la legislación en una provincia como esta, que tiene un perfil netamente agropecuario”, expresó.
Y agregó: “el amplio y participativo” espacio que se generó en la comisión y subrayó a las personas e instituciones que participaron de las diversas instancias de debate, desde ambientalistas pasando por sectores rurales, representantes académicos e instituciones intermedias”.
“Es un día histórico”, destacó el diputado socialista, quien recordó que en la provincia rige una ley que tiene 44 años: “Ha pasado mucha agua debajo del puente y nos parecía importante actualizarla”, manifestó al tiempo que dio cuenta del sinnúmero de fallos judiciales, de amparos ambientales y de la maraña de digestos que atravesaron durante los últimos años la problemática.
Y recordó que el proyecto se retomó de uno que había sido presentado en noviembre de 2022, durante la gestión de Gustavo Bordet: “Entendíamos que a ese proyecto le faltaba una perspectiva ambiental y de salud, por eso abrimos el juego a un montón de sectores y llegamos a este dictamen al que le hicimos una gran cantidad de modificaciones”.
En la segunda mitad de su discurso, Rossi mencionó grandes rasgos algunos de los ejes de la iniciativa que cuenta con 109 artículos.
Explicó que “los alcances de la regulación que están detallados a lo largo de 30 artículos” y brindó detalles acerca de lo que se denomina “ordenamiento territorial”, que determina una zona de exclusión donde se prohíbe la aplicación de agroquímicos, una zona de amortiguamiento. . y otra zona de aplicación libre.
Indicó que “el tema más polémico se centra en las distancias de aplicación de agroquímicos” y, en tal sentido, resaltó que en la iniciativa legislativa “hay 24 distancias bien diferenciadas”.
Continuó sobre el capítulo destinado al monitoreo ambiental y además hizo referencia a lo que marca la legislación sobre los controles y la aplicación de sanciones.
Finalizando su discurso, indicó que en Entre Ríos hay 781 escuelas rurales y, en este marco, hizo hincapié en el trabajo que se realizó con el Consejo General de Educación y el gremio docente Agmer: “Plasmamos en el proyecto casi el total de lo que nos han pedido”.
El proyecto no fue debatido en el recinto, ya que luego de la exposición de Juan Rossi pidió la palabra la diputada María Laura Stratta (Más para Entre Ríos-PJ), quien se limitó a informar que ella y sus pares del bloque Lorena Arrozogaray , Stefanía Cora, Andrea Zoff y Silvia Moreno no acompañaron el proyecto.
A favor votaron Juan José Bahillo, Sergio Castrillón, José Kramer y Demián Seiler. Además lo hicieron los diputados de los bloques libertarios, por lo que la iniciativa pasó al Senado para su tratamiento.
Estuvieron ausentes el diputado Enrique Cresto y la diputada Mariel Ávila (PJ) y la legisladora de JxER, Gabriela Lena.
Del texto enviado por el Ejecutivo se modificaron los objetivos, que pasa de preservar la salud y el ambiente “equilibrado” a regular las “buenas prácticas” en el uso de los pesticidas. Sobre la aplicación se tiene en cuenta la utilización de drones. En cuando a distancias se permite fumigaciones en zonas pobladas a partir de los 100 metros para vehículos terrestres o voladores a control remoto y de 200 metros en adelante para pulverizaciones aéreas. En caso de las escuelas la zona permitida se extiende desde los 150 metros para los “mosquitos” o aéreos no tripulados y de 500 metros en adelante en caso de avionetas.
Según los ambientalistas que se encontraban en el recinto, el proyecto aprobado en Diputados es regresivo e inconstitucional, para nada superador. Indicando que si el amparo se levanta, se puede volver a solicitar la medida cautelar.