A pesar de que se aguardaba conocer el destino de los fondos relacionados a la irregular venta del inmueble, «no se sabe nada, sobre adónde esta el dinero», indicó el abogado Juan Gallo.
El presunto ilícito se conoció tras una serie de artículos escritos por el periodista y músico Federico Odorisio, que sacó a la luz la dudosa venta del edificio de la Asociación de Músicos de Concordia, ubicado sobre calle Sarmiento, casi Quintana, en la zona céntrica de Concordia.
El abogado Juan Gallo hizo un repaso de las novedades del tema y subrayó este miércoles que «hace tres semanas, más o menos, estuvimos reunidos con el fiscal Arias, el cual nos señaló que había cierta formalidad que tiene la Justicia para realizar lo que es la apertura de todo el material objeto de secuestro».
El letrado recordó que se incautaron «los celulares de las personas denunciadas, se trata del señor Mariano Guerrero quien preside la institución, por ejemplo».
El objetivo fue «obtener el material probatorio, ya que entre eso, el fiscal había pedido lo que sería el embargo de cuentas bancarias», dato que también «surge de una entrevista que se le hace al señor Guerrero en donde él dice que el dinero de la venta, si bien no especifica el monto por cuestiones de seguridad, pero que estaba en una cuenta del banco Macro y el resto en una caja de seguridad», explicó.
Según Gallo, cuando el fiscal pide una «medida para no innovar o el embargo preventivo para que esos fondos no desaparezcan, resulta que el dinero no está en esa cuenta que él había dicho que era de la asociación». Es más, acotó, «no hay tampoco cajas de seguridad y eso realmente agrava aún más la situación porque nosotros habíamos indicado en la denuncia que el inmueble se había vendido a un precio vil, por lo menos así eran los trascendidos, que eran de 15 millones de pesos para un inmueble de 700 metros cuadrados, a media cuadra de la Escuela Normal y en el casco céntrico de la ciudad».
Que el dinero no esté «habla mucho de lo inescrupuloso de estas personas que han vaciado la asociación no solo dando de baja a los socios sino también sin justificar la venta», expresó Gallo.
De acuerdo al abogado, la investigación buscará imputar a los sospechosos de los delitos de «estafa y asociación ilícita». Estafa, por un lado, «por todo el ardid del engaño y la maquinación que hubo para vaciar de socios a la asociación». Y agregó que la asociación ilícita se debe a que «entendemos que quien compró el inmueble sabía de sus características y lo compró a un precio vil para lo que es el valor de mercado».
Gallo informó además que durante este miércoles «nos presentamos como querellantes particulares», por lo que ya se reunieron con el entorno del fiscal que entiende en la causa, desde donde se ratificó que «no se sabe nada del dinero» supuestamente producto de la venta del inmueble.
Finalizando, indicó que «el expediente está en Criminalística y están esperando los informes técnicos de los celulares» secuestrados.