El forma simultánea al rechazo de la Cámara de Diputados a la apertura de juicio político que promovió Daniel Rossi contra la vocal del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, Gisela Schumacher, el intendente de Santa Elena, presentó una ampliación el mismo martes por elementos nuevos que entendió se deben investigar. Además la ONG «Entre Ríos sin Corrupción» sumó su propio pedido.
Daniel Rossi, intendente de Santa Elena, presentó el martes 19 una ampliación de solicitud de juicio político contra la vocal del Superior Tribunal de Justicia, Gisela Schumcher, presentando “los fundamentos y los hechos denunciados, aportando argumentos adicionales que considero indispensables para un análisis exhaustivo de su responsabilidad como magistrada, en virtud del mandato de transparencia y probidad que la Constitución y las leyes de la provincia de Entre Ríos imponen a quienes desempeñan funciones públicas”.
Al pedido de Rossi se sumó el de la ONG Entre Ríos sin Corrupción, que el mismo martes presentó una denuncia contra Schumacher ante la Comisión de Juicio Político de Diputados. Lo que se desconocía es que camino tomaría la Cámara con los nuevos pedidos. Las dudas se incrementaron por la forma en que se comunicó el rechazo del primer pedido de Rossi, «en un párrafo escondido en el final de una extensa crónica que dio cuenta de los temas tratados en la Cámara». Se estima que la prensa de la Cámara entendió que el trámite y su abordaje no demandaban más desarrollo que un exiguo párrafo.
Rossi amplió que “es inadmisible que un miembro del máximo tribunal provincial, en un contexto de crisis económica y demandas sociales de transparencia, se haya beneficiado de una discrecionalidad alarmante en el uso de licencias, permisos y viáticos. Esta conducta, denunciada públicamente en diversos medios, incluye viajes y ausencias injustificadas en funciones esenciales”, destacó
El intendente puso el eje en que aquella conducta fue “denunciada públicamente en diversos medios, incluye viajes y ausencias injustificadas en funciones esenciales. La Constitución de Entre Ríos, en su artículo 208, exige que los magistrados observen una conducta intachable y acorde con la dignidad de su cargo”. La información aportada daba cuenta que Schumacher “habría incurrido en usos cuestionables de privilegios administrativos, como asistir a un recital en Buenos Aires, inmediatamente después de un fallo que benefició al exgobernador Sergio Urribarri, lo que genera sospechas fundadas sobre una falta de responsabilidad ética y profesional”.
Rossi además destacó que una de las publicaciones aportadas denunció “irregularidades en el trámite del juicio político a Schumacher, asegurando que la decisión de rechazar «in limine», el proceso ya había sido tomada previamente por la Comisión de Asuntos Constitucionales”. Así, entendió que las afirmaciones “son extremadamente graves, pues comprometen la imparcialidad y transparencia del procedimiento legislativo”.
Rossi subrayó que “el artículo 139 de la Constitución de Entre Ríos establece que el juicio político debe ser llevado a cabo con el máximo rigor y respeto a las garantías procesales, tanto para los acusados como para los denunciantes”. De este modo, señaló que “la parcialidad denunciada” por la publicación “sumada al hecho de que su medio recibe pauta oficial de las cámaras legislativas, afecta gravemente la legitimidad del proceso”.