Este jueves a la mañana el principal implicado por la compra de armas de fuego comparecerá ante el juez de Garantías Eduardo Ruhl. Se supo que el fiscal Laureano Dato pedirá una medida de coerción. Varios de los implicados quedaron en libertad.
El Ministerio Público Fiscal (MPF) dispuso que uno de los arrestados en el marco de la causa por venta y alquiler de armas de fuego recupere la libertad, pero con algunas restricciones. El otro detenido, que tendría habilitación para la compra y tenencia de armas de fuego, sigue alojado en la Alcaidía de Tribunales. Este jueves a la mañana se llevará a cabo una audiencia ante el juez de Garantías, Eduardo Ruhl, para determinar qué tipo de medida de coerción se le aplica.
Mientras que la situación del trabajador de la construcción, detenido en su casa en la zona de la comisaría octava, está complicada. Primero, porque no tenía ningún revólver, pistola o escopeta en su vivienda a pesar de figurar en la documentación oficial que ha adquirido varias en el último tiempo, y el otro arrestado es un empleado de Obras Sanitarias que tenía armas sin tener habilitación.
Fuentes oficiales confirmaron que las personas que fueron detenidas y las que fueron identificadas como el propietario de la Armería Paraná, ubicada en avenida Ramírez, tienen que comparecer ante fiscalía en los próximos días.
El miércoles durante la mañana, un hombre de 49 años, empleado de Obras Sanitarias municipal, fue imputado formalmente por el delito de tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil.
Se trata de uno de los arrestados en la investigación que se realiza para determinar si existió una organización que compraba armas en el circuito legal y posteriormente las introducía en el mercado ilegal. Asistido por su defensa, obtuvo la libertad con medidas de restricción. El hombre fue detenido en uno de los 17 allanamientos que se llevaron a cabo desde la madrugada del martes en Paraná. El sospechoso, que es asistido por el abogado Franco Azziani Cánepa, tenía en su domicilio dos armas calibre 22 sin la debida autorización legal.
Fuentes añadieron que además tenía en su poder dos 9 milímetros con la correspondiente documentación. El legajo comenzó a sustanciarse bajo la calificación legal de Provisión Ilegal de armas de fuego agravada y Tenencia Ilegal de Armas de Fuego.
De acuerdo a información brindada por fuentes policiales, la investigación que lleva adelante el fiscal Laureano Dato se originó por las balaceras que sucedieron durante mayo en la zona de calle República de Siria, entre Cortada Basualdo y Cortada 544, donde dos personas fueron heridas con disparos de arma de fuego.
El juez de Garantías de Paraná, Eduardo Ruhl, ordenó allanamientos en los que se logró secuestrar aparatos de telefonía celular, que al ser analizados, según se consignó, arrojaron información precisa de cómo se comercializaban las armas de fuego y cómo llegaban a las manos de las personas que luego se enfrentaban en los barrios.
Con esa información, el fiscal avanzó en la investigación con otras personas relacionadas y pidió informes a la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac) sobre las armas que tenían registradas a su nombre estas personas. Con toda la información recabada se pudo establecer que las armas las compraban personas autorizadas, y posteriormente las ingresaban al mercado negro, para su venta y/o alquiler.
Según precisaron fuentes judiciales, el detenido, que inicialmente fue sospechado como un posible “prestanombre” de posibles compradores de armas en el mercado negro, esta hipótesis no ha podido ser fehacientemente corroborada y por ello no fue imputado por aquel tipo penal.
Consultado sobre la situación de su asistido, Azziani Cánepa señaló que “independientemente de lo incipiente de esta investigación, no surgirían, a criterio de esta defensa, elementos que pudieran colocar a mi defendido en la situación por la cual hubiera podido estar sospechado inicialmente”.
Y agregó que: “Demostraremos lo antes expresado cuando le solicitemos al fiscal una ampliación de su declaración de imputado, la que efectuaremos en los próximos días y una vez que podamos tener copia de todas las actuaciones. En esa oportunidad justificaremos los extremos que acreditarían la no participación del imputado en los hechos investigados”.
El letrado negó que su representado tuviera algún tipo de participación con una supuesta red de venta o aprovisionamiento ilegal de armas de fuego y también descartó que las armas secuestradas tuvieran algún tipo de relación con hechos delictivos investigados previamente y que, en tal sentido, esperaran que se realicen los peritajes correspondientes a tales efectos. Las fuentes confirmaron que habría más personas sospechadas y que en las próximas horas se podrían dar más detenciones.
En los allanamientos que se llevaron adelante en barrio Mosconi, Caritas, El Morro, Los Ceibos y en la localidad de Colonia Avellaneda, se secuestraron 75 armas de fuego, entre pistolas, revólveres, escopetas, fusiles y carabinas; 2.100 cartucherías de varios calibres; 32 plantas de marihuana; una balanza de precisión; dos frascos con cogollos de marihuana; nueve celulares y documentación.